By La ministra de la Secretaría de la Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH), Francis Argeñal, cuestionó el manejo de recursos públicos destinados a proyectos habitacionales durante el gobierno anterior, señalando que se habrían asignado alrededor de 300 millones de lempiras a través de mecanismos como cajas rurales, sin contar —según dijo— con garantías suficientes para asegurar su correcta ejecución.
Argeñal explicó que la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), en su momento encargada de la política habitacional, habría distribuido cerca de 470 mil lempiras por grupo de cinco personas mediante este esquema. “No se tomaron las salvaguardas correspondientes para garantizar que fuesen bien invertidos”, afirmó, al cuestionar la falta de controles en la entrega de los fondos estatales.
La funcionaria agregó que el principal problema radica en otorgar recursos públicos sin mecanismos de respaldo que permitan al Estado recuperar el dinero en caso de incumplimiento. En ese contexto, indicó que actualmente la Comisión Liquidadora del Congreso Nacional lleva el proceso de cierre de CONVIVIENDA, el Fondo Social y el Programa Nacional de Vivienda, mientras el Tribunal Superior de Cuentas brinda acompañamiento para las investigaciones y acciones correspondientes dentro del marco legal.
