By El Congreso Nacional tiene previsto aprobar la próxima semana un amplio paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que busca endurecer significativamente las sanciones por delitos como extorsión, crimen organizado y uso indebido de identidades y comunicaciones, además de declarar como terroristas a las maras y pandillas.
El proyecto, que contiene alrededor de 12 modificaciones, ya fue conocido en primer debate en el pleno legislativo, donde se discutieron los principales cambios orientados a fortalecer la respuesta del Estado frente a estructuras criminales que operan en el país.
Entre las reformas más relevantes se incluye la ampliación del concepto de asociación terrorista, incorporando a maras, pandillas y estructuras vinculadas al narcotráfico dentro de esta categoría cuando sus acciones busquen generar terror, controlar territorios o coaccionar a la población.
En materia de extorsión, el decreto plantea un endurecimiento de penas que pasarían de un rango de 15 años a penas de hasta 20 años de prisión, además de ampliar el delito para incluir amenazas directas e indirectas, participación de organizaciones criminales y nuevas formas de coacción económica.
También se establecen agravantes más severas, como el uso de menores de edad, reincidencia, suplantación de autoridad, afectación a empresas o el hecho de que el delito sea ejecutado desde el extranjero o vinculado a estructuras criminales transnacionales.
El paquete incluye además reformas al delito de descubrimiento y revelación de secretos, elevando las penas por acceso ilegal a información, interceptación de comunicaciones y difusión de datos privados, con sanciones que podrían alcanzar hasta seis años de prisión.
Otra modificación relevante es el endurecimiento de sanciones por uso indebido de uniformes, insignias y equipo policial o militar, así como la inclusión de réplicas de estos elementos, elevando las penas hasta un máximo de diez años en casos agravados.
Asimismo, se contemplan reformas que amplían la responsabilidad penal de empresas de telecomunicaciones, bancos y entidades financieras, obligándolas a proporcionar información en tiempo real a las autoridades y sancionando la falta de registro o verificación de usuarios.
El dictamen también fortalece los mecanismos de investigación en casos de crimen organizado, permitiendo mayor colaboración de imputados a cambio de reducción de penas, así como nuevas reglas para la valoración de pruebas en procesos relacionados con estructuras criminales.
En el ámbito procesal, las reformas establecen mayores facultades para jueces y fiscales en el acceso a información, así como la creación de unidades permanentes en empresas para atender requerimientos de las autoridades en cualquier momento.
Con estas modificaciones, el Congreso busca reforzar el marco legal para combatir la criminalidad organizada y mejorar la capacidad del Estado en la investigación y persecución de delitos de alto impacto en el país.
