By La Comisión Liquidadora informó que ha desembolsado más de 138 millones de lempiras en concepto de prestaciones laborales como parte del proceso de cierre de varias instituciones del Estado, una medida que ha implicado la desvinculación de cientos de empleados públicos y la reorganización administrativa de diferentes dependencias gubernamentales.
El integrante de la Comisión Técnica Liquidadora, Leonel Núñez, detalló que actualmente tiene bajo su responsabilidad siete instituciones, aunque recientemente le fueron asignadas dos adicionales, elevando a nueve el número de entidades que supervisará durante el proceso de liquidación.
Según explicó, las siete instituciones que administra se encuentran prácticamente en la fase final del cierre, restando únicamente completar algunos procedimientos administrativos y el pago de prestaciones a un grupo reducido de excolaboradores.
Más de 900 empleados han recibido su liquidación
Núñez indicó que, bajo su gestión directa, más de 900 trabajadores han sido liquidados conforme a la ley, mientras que la Comisión Liquidadora en su conjunto ha administrado procesos relacionados con más de 1,800 empleados que fueron separados de sus cargos debido al cierre de instituciones públicas.
El funcionario explicó que todavía quedan alrededor de 160 personas pendientes de completar el proceso de firma de sus recibos y finiquitos, requisito necesario para recibir el pago correspondiente de sus prestaciones laborales.
Añadió que los recursos destinados a estas indemnizaciones forman parte de las obligaciones legales derivadas de la terminación de la relación laboral entre el Estado y los trabajadores afectados.
Cierre administrativo avanza hacia su etapa final
De acuerdo con Núñez, además del pago de prestaciones, la Comisión ha trabajado en el inventario, traslado y disposición de los bienes pertenecientes a las instituciones que están siendo liquidadas.
Explicó que estos procedimientos administrativos presentan un avance significativo y que la mayoría de los activos ya fueron trasladados o asignados conforme a las disposiciones establecidas por las autoridades competentes.
Asimismo, señaló que la proyección es concluir el cierre operativo de las instituciones durante el mes de agosto, mientras que para septiembre únicamente quedarían pendientes algunos trámites administrativos relacionados con la cancelación definitiva de los códigos institucionales por parte de la Secretaría de Finanzas.
Exhortan a exempleados a cobrar sus prestaciones
El integrante de la Comisión hizo un llamado a los trabajadores que aún no han concluido el proceso de liquidación para que acudan a realizar los trámites correspondientes y puedan recibir el pago de las prestaciones que les corresponden por ley.
Núñez manifestó que no existe la posibilidad de reintegro para el personal separado de estas instituciones, debido a que las dependencias se encuentran en proceso de desaparición administrativa.
En ese sentido, recomendó a los afectados finalizar cuanto antes los procedimientos pendientes y formalizar el cobro de sus indemnizaciones laborales.
Niegan nuevas contrataciones en instituciones cerradas
Durante sus declaraciones, el funcionario también rechazó versiones que señalan que las instituciones liquidadas están siendo utilizadas para contratar nuevamente personal vinculado al partido de gobierno.
Aseguró que las dependencias bajo proceso de cierre no están incorporando nuevos empleados, precisamente porque avanzan hacia su desaparición administrativa y cesarán definitivamente sus operaciones.
No obstante, aclaró que la situación es distinta en el caso de los medios de comunicación estatales, donde sí se realizaron nuevas contrataciones para garantizar la continuidad de sus funciones.
Reconoce nuevas incorporaciones en medios estatales
Respecto a los canales de televisión administrados por el Estado, Núñez reconoció que se contrató nuevo personal para sustituir a parte de los trabajadores que anteriormente laboraban en esas instituciones.
Indicó que las nuevas incorporaciones corresponden a personas distintas a quienes fueron separados de sus cargos y admitió que una parte importante de esos nuevos empleados mantiene afinidad con el partido que actualmente ejerce el Gobierno.
Finalmente, reiteró que el trabajo de la Comisión Liquidadora continuará hasta completar el cierre legal, administrativo y financiero de las instituciones asignadas, garantizando el cumplimiento de las obligaciones laborales y la correcta administración de los bienes públicos durante todo el proceso.
