By El subcomisionado de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), Armando Vinicio Valdez, informó que al menos 44 proyectos deportivos quedaron abandonados debido a la falta de pago a empresas constructoras durante la administración anterior, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) desarrolla una auditoría sobre las inversiones ejecutadas en infraestructura deportiva.
Durante una entrevista concedida a Radio Cadena Voces, Valdez explicó que tras realizar inspecciones en las obras inconclusas, las autoridades detectaron una deuda cercana a los 600 millones de lempiras con constructoras y empresas supervisoras. Según indicó, las compañías abandonaron los proyectos por incumplimientos en los pagos, dejando varias instalaciones sin terminar.
El funcionario aseguró que existe una instrucción directa del Gobierno para reactivar y concluir las obras pendientes. En ese sentido, detalló que el equipo técnico de CONDEPOR ya trabaja en revisiones administrativas y de infraestructura para iniciar los pagos correspondientes y retomar los proyectos, con el objetivo de entregarlos posteriormente a las municipalidades para impulsar actividades deportivas.
Valdez también señaló que algunas instalaciones presentan un notable deterioro, entre ellas la Villa Olímpica, que —según afirmó— permaneció durante años sin recibir inversiones importantes. No obstante, indicó que actualmente se ejecutan trabajos de restauración en distintas áreas del complejo deportivo.
Entre las mejoras mencionó la rehabilitación del sistema de iluminación del Estadio Olímpico, el estadio Chochi Sosa y las canchas de tenis, además de reparaciones en baños, camerinos y accesos, como parte de los preparativos para los Juegos Codicader Juveniles Estudiantiles que Honduras albergará en septiembre.
Sobre las denuncias relacionadas con posibles sobrevaloraciones en proyectos deportivos y canchas inauguradas en años anteriores, Valdez evitó adelantar conclusiones y sostuvo que será el Tribunal Superior de Cuentas el encargado de determinar si existieron irregularidades en el manejo financiero de las obras.
