By El sector transporte de Honduras volvió a encender las alarmas por el impacto de la extorsión, una problemática que, según sus dirigentes, continúa afectando gravemente la operación de las unidades de transporte público y de carga, al punto de que ya se analiza la posibilidad de convocar a un paro nacional como medida de presión ante la falta de soluciones.
El dirigente del transporte de la zona norte, Nelson Fernández, aseguró que la violencia, las amenazas y las exigencias económicas por parte de estructuras criminales siguen golpeando al gremio, mientras que los mecanismos implementados para combatir este delito no han generado los resultados esperados.
A esta situación, añadió, se suma el incumplimiento en el pago del bono compensatorio que el sector reclama desde hace varios meses, lo que ha profundizado la crisis financiera que enfrentan muchos transportistas.
Gremio asegura que la extorsión continúa creciendo
Fernández manifestó que la Ley Antiextorsión no ha logrado reducir la incidencia de este delito y afirmó que, por el contrario, las organizaciones criminales continúan operando e incluso han incrementado su presencia en distintas regiones del país.
Según explicó, anteriormente los transportistas identificaban dos o tres estructuras dedicadas a cobrar extorsión; sin embargo, actualmente aseguran enfrentar amenazas provenientes de seis o siete grupos diferentes, situación que incrementa el riesgo para conductores, ayudantes, empresarios y pasajeros.
“Cada día la situación es más complicada. No vemos una reducción en la extorsión; al contrario, aparecen nuevos grupos que exigen pagos y mantienen bajo amenaza permanente a quienes trabajan en el transporte”, expresó el dirigente.
Asimismo, advirtió que muchos operadores continúan desempeñando sus labores bajo un ambiente de temor, debido a que el incumplimiento de los pagos ilegales suele traducirse en amenazas, atentados o ataques contra las unidades.
Analizan convocar a un paro nacional
Ante el deterioro de la situación, representantes del transporte de diferentes departamentos sostuvieron una reunión virtual para analizar las acciones que emprenderá el gremio durante los próximos días.
Entre las propuestas discutidas figura la convocatoria a una asamblea nacional, en la que participarán dirigentes de distintas modalidades del transporte para definir una postura conjunta frente a la problemática.
Fernández indicó que una de las opciones que cobra mayor fuerza es realizar un paro nacional si las autoridades no presentan respuestas concretas en materia de seguridad y apoyo económico al sector.
La reunión presencial podría desarrollarse en la ciudad de Siguatepeque, donde los representantes del transporte evaluarán el panorama nacional y decidirán las medidas que serán adoptadas.
Reclaman falta de resultados
Los transportistas sostienen que, pese a los anuncios oficiales sobre operativos y estrategias de combate a la extorsión, en muchas zonas del país la situación continúa siendo la misma.
Afirman que los cobros ilegales siguen afectando la estabilidad económica de las empresas de transporte, obligando en algunos casos a reducir rutas, disminuir frecuencias o suspender operaciones por falta de condiciones de seguridad.
Además, consideran que el retraso en el desembolso del bono compensatorio agrava aún más la situación financiera del sector, que también enfrenta el incremento en los costos de operación, combustible, mantenimiento y repuestos.
Piden acciones inmediatas
Los dirigentes hicieron un llamado al Gobierno para fortalecer las acciones de inteligencia, investigación y persecución de las estructuras criminales responsables de la extorsión, así como garantizar mayor presencia policial en las rutas consideradas de mayor riesgo.
También solicitaron cumplir con los compromisos económicos asumidos con el sector y establecer una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones a una problemática que, aseguran, afecta no solo a los transportistas, sino también a miles de usuarios que diariamente dependen del servicio de transporte público para trasladarse a sus centros de trabajo, estudio y actividades cotidianas.
Mientras se define la postura oficial del gremio, la posibilidad de un paro nacional continúa sobre la mesa, una medida que podría impactar la movilidad en diferentes regiones del país si no se alcanzan acuerdos entre las autoridades y los representantes del sector transporte.
