By Cinco ataúdes sellaron el destino de la Dipampco el pasado jueves 21 de mayo. Pero más allá de la tragedia humana que sacudió al país, el fallido operativo policial desnudó de forma dantesca la realidad de la seguridad en Honduras: un sistema carcomido desde dentro. Lo ocurrido no fue un error táctico; fue la violenta confirmación de que los viejos fantasmas de la infiltración criminal y la corrupción policial nunca se fueron, solo esperaban el momento para volver a mandar.
Apenas el 20 de julio de 2022, el gobierno de Xiomara Castro había rebautizado a la entidad —anteriormente conocida como la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP)— con la promesa de una renovación integral. Sin embargo, el corto historial de la Dipampco demostró que el cambio fue meramente cosmético. La falta de resultados contundentes y sus evidentes debilidades institucionales dejaron en claro que los procesos de transformación y control interno nunca se ejecutaron de manera correcta.
Entre la colusión y la negligencia: El operativo del fin
La gota que derramó el vaso fue una operación clandestina y fracasada. El 21 de mayo, desobedeciendo abiertamente las órdenes de sus superiores directos, un grupo de agentes ejecutó un allanamiento en una zona fuera de su jurisdicción asignada. La incursión terminó en una emboscada y posterior secuestro de los uniformados. Las investigaciones preliminares confirmaron que los agentes actuaron al margen de la ley, sin seguir los protocolos establecidos y sin el acompañamiento obligatorio del Ministerio Público.
En el cumplimiento de ese cuestionado deber, perdieron la vida los agentes:
Lester Josué Amador Herrera (ascendido a subcomisario de forma póstuma)
Leonel Alejandro Valdés Núñez
Nels Makley Eguigure Benavídez
Dailin Francisco Elvir Quintanilla
Emerson Josué Canales Fúnez
UNA INSTITUCIÓN DESAHUCIADA Y SIN EL RESPALDO INTERNACIONAL
El nivel de descomposición de la Dipampco ya había cruzado las fronteras antes de la tragedia. Según reveló el comisionado en condición de retiro, Danilo Orellana, durante una entrevista en el foro El Personaje del Día de CHTV, el gobierno de los Estados Unidos había decidido retirarle la certificación a la entidad. Debido a la profunda desconfianza en su credibilidad y al temor de filtraciones, las agencias estadounidenses se negaron a trabajar coordinadamente con la Dipampco en operativos conjuntos, un aislamiento internacional que anticipaba su insostenibilidad.
Ante la gravedad de los hechos y tras una intervención de emergencia en la zona del crimen, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad —integrado por los tres poderes del Estado, el Fiscal General y el Jefe del Estado Mayor Conjunto— tomó la determinación radical de eliminar la Dipampco. En su lugar, se anunció la creación de la Agencia Nacional Contra el Crimen. Con esta medida, el Estado busca reiniciar desde cero la lucha frontal contra las redes criminales y la extorsión, apostando por personal completamente nuevo, capacitaciones especializadas y la aplicación rigurosa de pruebas de confianza, admitiendo que el camino ya no es una simple depuración, sino una reconstrucción total.
EL PESO DE LOS ANTECEDENTES
Este colapso institucional no ocurrió en el vacío, sino que arrastra el lastre de gestiones previas que descuidaron la estrategia de seguridad del país. Diversos sectores recuerdan con crudeza el papel del exministro de Seguridad de la administración anterior, Gustavo Sánchez, cuya gestión estuvo fuertemente marcada por la distracción de sus funciones principales. En lugar de priorizar la seguridad ciudadana y de blindar a las instituciones policiales contra la infiltración criminal, el entonces ministro concentró gran parte de su agenda en la promoción política personal y en la gestión de su equipo de fútbol, dejando un vacío de liderazgo y un debilitamiento institucional cuyas consecuencias hoy se pagan con la vida de los agentes y el desamparo de la población.
