By La aldea de Rigores, en el departamento de Colón, continúa sumida en el miedo y la incertidumbre luego de la masacre registrada el pasado jueves, donde 20 personas perdieron la vida en uno de los hechos más violentos ocurridos recientemente en la región del Bajo Aguán.
Familias enteras permanecen consternadas tras el ataque, mientras pobladores aseguran vivir bajo temor ante la posibilidad de nuevos hechos violentos vinculados a los conflictos agrarios que históricamente han golpeado la zona.
Entre las víctimas se encontraban Elmer Suchite, de 25 años, y Wilmer Suchite, de 23, hijos del agricultor Armando Suchite, quien expresó el profundo dolor y la preocupación que embarga a la comunidad tras sepultar a ambos jóvenes en el cementerio local.
“Nos sentimos aterrorizados porque la violencia que vive Colón es cada vez más peligrosa”, lamentó el campesino, quien además pidió a las autoridades una investigación seria que permita capturar y castigar a los responsables de la masacre.
Según relató, sus hijos trabajaban en labores agrícolas y en la recolección de fruta de palma africana, actividad económica que durante años ha estado ligada a disputas por tierras en el Bajo Aguán.
Otros habitantes de Rigores también manifestaron temor por la situación que enfrenta la comunidad. Un poblador que prefirió mantenerse en el anonimato aseguró que muchas familias viven con miedo debido a los constantes enfrentamientos relacionados con la tenencia de tierras y la producción de palma africana.
“Muchos hemos perdido amigos y familiares por este problema”, expresó el residente, al señalar que la violencia ha dejado profundas heridas en varias comunidades campesinas de Colón.
Por su parte, el comerciante Saúl Pineda, originario de Tocoa, afirmó que los conflictos agrarios continúan siendo una de las principales causas de violencia en el Bajo Aguán, donde persisten disputas territoriales relacionadas con cultivos de palma africana.
“Lo que aquí se pelea son tierras y producción de palma africana”, indicó, al tiempo que pidió mayor presencia y acciones concretas de las autoridades para evitar nuevas tragedias.
Los conflictos por la tierra en el Bajo Aguán han dejado más de 200 muertes violentas en las últimas décadas, según registros históricos y denuncias de organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos, que desde hace años reclaman soluciones estructurales para frenar la violencia en la región.
