By En los últimos 23 años, Honduras ha aprobado al menos 24 políticas de seguridad y unos 130 decretos, leyes y reformas orientadas al combate de la criminalidad. Sin embargo, distintos análisis señalan que estas medidas no han logrado generar un impacto estructural y sostenido en la reducción de la violencia, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
De acuerdo con el documento, las iniciativas han sido impulsadas por al menos cinco administraciones entre 2002 y 2025, pero muchas de ellas no han trascendido los cambios de gobierno, lo que ha impedido la consolidación de una política de Estado en materia de seguridad.
Entre las primeras estrategias destacadas figura la política de “mano dura” implementada en 2002 durante el gobierno de Ricardo Maduro, enfocada en el combate a secuestros, maras y pandillas. A lo largo de los años se sumaron otros planes como Comunidad Segura, la Política Integral de Seguridad Pública y Ciudadana, el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y, más recientemente, el Plan Nacional de Seguridad presentado en 2023.
En paralelo, se aprobaron normativas relevantes como la Ley contra el Lavado de Activos y la Ley Antimaras, ambas sometidas a múltiples reformas con el paso del tiempo.
Los datos recopilados por ASJ muestran que durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) se emitieron 49 decretos relacionados con seguridad, mientras que en los dos periodos de Juan Orlando Hernández (2014-2022) se aprobaron 41. En conjunto, estos esfuerzos legislativos no se tradujeron en mejoras sostenidas de la seguridad ciudadana.
Las cifras de violencia reflejan una evolución irregular. En el período de Lobo Sosa, la tasa de homicidios alcanzó niveles críticos de hasta 86.5 por cada 100,000 habitantes. Posteriormente, al cierre de 2022, esta cifra descendió a 35.8, y para diciembre de 2025 se ubicó en 26.6 por cada 100,000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la UNAH.
A pesar de la reducción en los indicadores, expertos advierten que la violencia continúa siendo un problema estructural. Señalan que fenómenos como la extorsión, el feminicidio, el abuso sexual infantil y el crimen organizado siguen afectando gravemente al país.
El criminólogo Reynaldo Rubio considera que las políticas aplicadas han sido débiles y de corto alcance. A su juicio, muchas estrategias se han limitado a responder a coyunturas específicas sin abordar las causas profundas de la criminalidad.
Rubio sostiene que el problema no se resuelve únicamente con más leyes, mayores penas o el fortalecimiento policial, sino con un enfoque integral que priorice la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional del Estado.
Según su análisis, la fragmentación del sistema de seguridad ha generado falta de coordinación entre instituciones, lo que incrementa la impunidad y debilita la confianza ciudadana.
Por su parte, el estudio de ASJ detalla que de los 130 decretos aprobados, una parte importante está relacionada con reformas constitucionales, estados de emergencia, legislación penal, inteligencia, terrorismo y privación de dominio. Otros se enfocan en depuración policial, derechos humanos, políticas anticorrupción y reformas al sistema penitenciario.
Para el director del proyecto Seguridad y Justicia de ASJ, Nelson Castañeda, el principal problema radica en la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad. Señala que las estrategias actuales responden más a agendas de gobierno que a planes de largo plazo.
Castañeda advierte que cada administración inicia nuevas estrategias desde cero, lo que impide continuidad y debilita los avances institucionales. Además, subraya la necesidad de garantizar la independencia de los operadores de justicia y fortalecer la estabilidad de instituciones clave como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En ese contexto, los especialistas coinciden en que Honduras enfrenta el desafío de pasar de medidas fragmentadas y temporales hacia una política de seguridad integral, permanente y con visión de Estado.
