By Por: Marcio Sierra
A Honduras como una nación en tensión hay que verla más allá de las cifras macroeconómicas y adentrarse en sus profundidades estructurales en donde se configura la vida cotidiana de su población. Se puede reconocer que en cierto modo tenemos un orden macroeconómico estable desde la perspectiva técnica, pero también, que aún somos frágiles en relación al desarrollo estructural, la generación de empleo de calidad, la reducción sostenida de la pobreza y el fortalecimiento institucional. Realmente, enfrentamos el desafío de convertir la estabilidad macroeconómica en crecimiento inclusivo y lograr la transformación productiva nacional, para alcanzar no solamente el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), sino, además la distribución de oportunidades, una apropiada organización de las relaciones de poder y superar o cambiar los mecanismos que reproducen la desigualdad histórica.
Desde el ángulo socioeconómico, nuestra sociedad está fuertemente estratificada socialmente, porque tenemos oligarquías económicas tradicionalmente vinculadas a redes familiares y empresariales, ejerciendo una influencia significativa sobre las decisiones políticas. Existe una “dominación legitima” que es intensamente cuestionada por amplios sectores sociales que perduran en la exclusión y, en casos extremos, hasta bajo una captura institucional. Hoy por hoy, la desigualdad ya no es solo el resultado del mercado, sino de decisiones políticas (Stiglitz). Lo cual se puede verificar, al observar el sistema fiscal regresivo que tenemos, la insistente débil institucionalidad y la limitada inversión en capital humano que hace duraderas las brechas sociales profundas. En otras palabras, la pobreza que enfrentamos no es accidental, sino estructural. Nuestra infraestructura productiva es escaza y subordinada. Sostenida en gran medida por sectores con bajo valor agregado, como lo es la agricultura tradicional, la maquila y las remesas. Lo que está causando una dependencia externa que no solo condiciona el crecimiento, pero también refuerza los patrones de vulnerabilidad social. Por ejemplo, la migración, que no es únicamente una decisión individual, sino la respuesta estructural ante la falta de movilidad social interna.
La informalidad brota como uno de los rasgos más distintivos del desarrollo nacional. Gran parte de la población económicamente activa está operando fuera de los marcos legales formales, lo que significa la ausencia de protección social, una inestabilidad laboral y la baja productividad. El mal desarrollo que poseemos no podemos entenderlo únicamente como la falta de regulaciones, sino como la ausencia de una estrategia de existencia frente a un orden estructural que no logra absorber ni integrar plenamente a los ciudadanos. Igualmente, la violencia y la inseguridad solo es enfocada desde el ámbito criminal, sin considerar que tiene raíces económicas y sociales hondamente sociales. En otras palabras, la exclusión, la falta de oportunidades y la debilidad del Estado de derecho, generan entornos propicios, para que se desarrollen economías ilícitas y estructuras paralelas de poder. Es decir, la perdurabilidad de la marginalidad económica que alimenta la fragmentación social.
Sin embargo, en Honduras existen dinámicas de adaptabilidad social inmersas en economías comunitarias, en las que el papel de las remesas, son el mecanismo de sostenimiento familiar solidarios. Es decir, no solo hay que considerarla como una economía de bajo ingreso o una democracia en tensión. Es, ante todo, un entramado complejo donde las estructuras económicas y sociales se entrelazan, reproduciendo desigualdades y también generando respuestas colectivas. Por consiguiente, enfrentamos un desafío que no radica solamente en crecer económicamente, sino en transformar las bases sociales que limitan históricamente su desarrollo. Para lograrlo, en nuestra democracia necesitamos proyectos serios de reconstrucción nacional que pasen ineludiblemente por tres reformas estructurales inmediatas: en primer lugar, la reforma profunda del Estado que recupere la independencia de poderes, profesionalice la función publica y erradique la captura política de las instituciones; en segundo término, la transformación integral del modelo económico orientado a la inversión productiva, la generación de empleo formal y una política fiscal transparente que rompa con el clientelismo y la opacidad; y finalmente, la reforma del sistema de seguridad y justicia para que garantice el imperio de la ley, combata con eficacia la impunidad y reestablezca la confianza ciudadana.
