By La aprobación de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado del Beneficiario Final (RCBF) representa un paso importante para fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros en Honduras, según explicó el diputado Marco Antonio Midence.
El congresista señaló que la nueva normativa responde a las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención de delitos financieros, y busca evitar que el país sea incorporado a la denominada “lista gris”, una condición que podría afectar la confianza de inversionistas y del sistema financiero internacional.
Registro será administrado por la CNBS
Midence explicó que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) será la institución responsable de implementar y administrar el Registro Centralizado del Beneficiario Final.
De acuerdo con la ley, la CNBS dispondrá de un plazo de seis meses para poner en funcionamiento la plataforma, mientras que, una vez habilitado el sistema, las personas jurídicas y demás estructuras contempladas en la normativa tendrán cuatro meses para completar el proceso de inscripción.
El legislador indicó que todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con los criterios establecidos por la legislación deberán proporcionar la información correspondiente sobre sus beneficiarios finales, con el objetivo de identificar a quienes realmente ejercen el control o son propietarios de las entidades.
Información será confidencial
El diputado aclaró que la información contenida en el registro tendrá carácter confidencial y únicamente podrá ser consultada por las autoridades legalmente facultadas.
Entre las instituciones autorizadas para acceder a estos datos figuran el Ministerio Público, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y otros organismos competentes que acrediten un interés legítimo dentro de investigaciones relacionadas con delitos financieros.
Asimismo, recordó que las reformas al Código de Comercio eliminaron la figura de las acciones al portador, permitiendo identificar plenamente a los propietarios de las sociedades mercantiles mediante registros nominativos.
Habrá sanciones para quienes incumplan
La legislación contempla sanciones económicas para quienes no cumplan con la obligación de registrar la información requerida. Las multas podrán oscilar entre 20 y 500 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y de lo establecido en la normativa.
Las autoridades consideran que estas medidas buscan garantizar la transparencia en la estructura de propiedad de empresas y otras entidades jurídicas, reduciendo espacios que puedan ser utilizados para ocultar recursos de origen ilícito.
Buscan mejorar la imagen financiera del país
Marco Antonio Midence sostuvo que la implementación del Registro Centralizado del Beneficiario Final permitirá fortalecer la cooperación con organismos internacionales y mejorar la reputación financiera de Honduras.
A su juicio, evitar el ingreso a la lista gris del GAFI contribuirá a mantener relaciones más sólidas con la banca internacional, facilitar el acceso a financiamiento externo, reducir el riesgo país y generar mayor confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros, aspectos considerados clave para impulsar el desarrollo económico y la estabilidad del sistema financiero hondureño.
