By Durante décadas, cientos de hombres de la etnia misquita se sumergieron en las profundidades del mar Caribe en busca de langosta, una actividad que se convirtió en el principal sustento económico para miles de familias de La Mosquitia. Sin embargo, para muchos de ellos el trabajo terminó en tragedia: regresaron con lesiones permanentes, discapacidades irreversibles o perdieron la vida debido a las peligrosas condiciones en las que desarrollaban esta labor.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado de Honduras incumplió su obligación de proteger los derechos de los buzos misquitos, quienes durante años realizaron inmersiones en condiciones extremas, sin equipos adecuados, con escasa capacitación y sin acceso oportuno a atención médica especializada. Ocho años después de que el organismo documentara el caso y tras el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, las secuelas continúan marcando la vida de cientos de familias en la región.
La pesca submarina representó durante muchos años una de las pocas oportunidades de empleo para la población misquita, en una zona históricamente afectada por la pobreza, el desempleo y la falta de servicios básicos. Muchos jóvenes comenzaron a trabajar desde temprana edad impulsados por la necesidad económica, enfrentándose diariamente a inmersiones de más de 40 metros de profundidad para extraer langosta, una práctica considerada de alto riesgo.
De acuerdo con la documentación recopilada por la CIDH, las denuncias contra las embarcaciones dedicadas a esta actividad incluían jornadas excesivas, equipos de buceo deteriorados, ausencia de protocolos de seguridad y presiones para realizar inmersiones repetitivas sin respetar los tiempos necesarios de descompresión. Estas condiciones provocaron que año tras año aumentara el número de accidentes entre los trabajadores del mar.
Uno de los principales riesgos era el síndrome de descompresión, una enfermedad ocasionada por los cambios bruscos de presión durante el ascenso a la superficie. La Comisión citó información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según la cual el 97 % de los buzos misquitos sufrió algún grado de esta afección, mientras que al menos 4,200 personas desarrollaron discapacidades relacionadas con la actividad. Las consecuencias incluyeron parálisis, daños neurológicos, lesiones óseas permanentes y pérdida de movilidad.
La falta de infraestructura médica agravó aún más la situación. En La Mosquitia el acceso a cámaras hiperbáricas, indispensables para tratar oportunamente el síndrome de descompresión, era limitado o inexistente, por lo que muchos buzos no recibieron atención especializada a tiempo. En numerosos casos, el retraso en el tratamiento marcó la diferencia entre recuperarse o quedar con una discapacidad permanente.
Pese a las graves secuelas, la CIDH documentó que muchos de los trabajadores lesionados regresaron al mar porque no tenían otra alternativa para sostener a sus familias. Sin ingresos y sin programas de apoyo suficientes, continuaron exponiendo su vida en una actividad que ya había dejado profundas consecuencias físicas y económicas en sus hogares.
El impacto también alcanzó a la niñez de La Mosquitia. Informes citados por la Comisión estiman que miles de niños quedaron en condición de vulnerabilidad luego de que sus padres fallecieran o quedaran incapacitados por accidentes relacionados con el buceo, profundizando el ciclo de pobreza que afecta a esta región del país.
En los últimos años se han anunciado algunas acciones para mejorar la atención de los buzos. Entre ellas figura un proyecto para instalar dos cámaras hiperbáricas en La Mosquitia, con una inversión de 54 millones de lempiras, iniciativa que busca brindar tratamiento oportuno a quienes sufran accidentes durante las labores de pesca submarina.
Además, en 2023 el Estado de Honduras realizó un acto de reconocimiento público de responsabilidad y ofreció disculpas a las víctimas, sus familiares y a la comunidad misquita por los daños ocasionados durante décadas. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que aún existe una deuda histórica con los buzos, ya que muchas víctimas continúan esperando una reparación integral, acceso a servicios de salud especializados y oportunidades que les permitan reconstruir sus vidas tras las secuelas que dejó una actividad que enriqueció a la industria pesquera, pero que para ellos significó dolor, discapacidad y abandono.
