By Las organizaciones JOPRODEH y ASOPODEHU comparecieron el 25 de junio de 2026 ante el Consejo Nacional de Protección, en una sesión realizada en la sede del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en la que expusieron una serie de hallazgos sobre el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección. El encuentro estuvo marcado por un ambiente tenso, cuestionamientos sobre la conducción de la reunión y señalamientos de falta de apertura hacia la sociedad civil.
De acuerdo con lo expuesto por los representantes de ambas organizaciones, el Mecanismo Nacional de Protección enfrenta debilidades estructurales que afectan su capacidad de respuesta hacia periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia. Jorge Jiménez, presidente de JOPRODEH, y Dina Meza, directora ejecutiva de ASOPODEHU, señalaron que el sistema fue concebido como un espacio de articulación entre Estado y sociedad civil, pero advirtieron que en la práctica se observan decisiones centralizadas, criterios políticos en procesos técnicos y demoras prolongadas en la atención de solicitudes. “Comparecemos ante el Consejo Nacional de Protección con el propósito de presentar una valoración sobre la situación actual del Mecanismo Nacional de Protección, destacando sus avances, debilidades y desafíos”, expusieron durante su intervención.
Las organizaciones también detallaron problemas en la operatividad interna del mecanismo, como retrasos en el análisis de riesgo que, según indicaron, pueden extenderse hasta por cuatro años, además de una limitada capacidad preventiva y deficiencias en el seguimiento de las medidas de protección. Asimismo, cuestionaron la concentración de decisiones en la Secretaría de Derechos Humanos y la presunta influencia externa en asuntos técnicos, lo que —según afirmaron— debilita la independencia institucional del sistema de protección.
En su exposición, JOPRODEH y ASOPODEHU insistieron en la necesidad de fortalecer la gobernanza del Consejo Nacional de Protección y ampliar la participación efectiva de la sociedad civil. “El Consejo fue concebido como un espacio de articulación entre el Estado y la sociedad civil, pero esa participación no se está garantizando plenamente”, señalaron, al tiempo que hicieron un llamado a recuperar la confianza de los beneficiarios del sistema y garantizar respuestas más ágiles y efectivas.
El proceso, sin embargo, estuvo rodeado de tensiones institucionales. Según relataron los participantes, hubo intentos de descalificar la comparecencia y de limitar su exposición, mientras que algunos representantes del Consejo no realizaron preguntas tras las presentaciones. También se señaló la presencia de personal armado en el área de la reunión, lo que generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolló el encuentro dentro de una institución vinculada a la protección de derechos humanos.
Al cierre de la sesión, los representantes de ambas organizaciones reiteraron que sus aportes no buscan individualizar responsabilidades, sino contribuir al fortalecimiento del sistema. “Nuestro propósito no es señalar responsabilidades individuales, sino contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección”, afirmaron, insistiendo en la urgencia de implementar mejoras estructurales para garantizar la protección efectiva de las personas en riesgo en Honduras.
