By Un ciudadano hondureño fue incluido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en una publicación especial denominada “Worst of the Worst” (“Los peores de los peores”), una serie utilizada por las autoridades estadounidenses para destacar casos de detenidos vinculados, según las investigaciones oficiales, con delitos considerados de alta gravedad dentro de sus operativos migratorios.
El hondureño fue identificado como Carlos Humberto Pérez-Soza, cuyo nombre apareció junto al de tres ciudadanos mexicanos y un chileno en una publicación difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta selección no corresponde a un informe estadístico habitual, sino a una campaña mediante la cual se exponen algunos de los casos que, a criterio de ICE, representan mayores riesgos para la seguridad pública debido a los antecedentes penales o las acusaciones que enfrentan.
Según la información oficial, la serie reúne personas relacionadas con investigaciones por delitos como agresiones sexuales, delitos contra menores, depredación sexual e intentos de secuestro, entre otros casos considerados de alto impacto. ICE señaló que aproximadamente el 70 % de las personas arrestadas durante sus operativos migratorios poseen antecedentes criminales o procesos judiciales pendientes; sin embargo, únicamente un reducido grupo es incluido en esta publicación especial destinada a visibilizar los casos más relevantes.
La aparición de Pérez-Soza en esta lista llamó la atención dentro de la comunidad hondureña residente en Estados Unidos, debido a que son pocos los connacionales cuyos casos son divulgados públicamente por las autoridades federales en este tipo de campañas. No obstante, la inclusión en la publicación responde a la estrategia de comunicación del DHS para destacar determinados arrestos y no constituye, por sí misma, una resolución judicial sobre los cargos que enfrentan los señalados.
Las autoridades migratorias estadounidenses reiteraron que continuarán desarrollando operativos de control y captura de personas que, además de encontrarse en condición migratoria irregular, sean consideradas una amenaza para la seguridad pública. Mientras tanto, los procesos judiciales correspondientes seguirán su curso conforme a la legislación de Estados Unidos, donde serán los tribunales los encargados de determinar la responsabilidad penal en cada caso.
