By El Gobierno de Honduras trabaja en una estrategia interinstitucional para fortalecer la seguridad, reducir los conflictos agrarios y crear un clima de estabilidad que permita atraer inversión nacional y extranjera al Bajo Aguán, una de las regiones con mayores desafíos en materia de tierras y violencia. Así lo informó la ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, quien aseguró que las diferentes instituciones del Estado mantienen una coordinación permanente para avanzar en la construcción de un entorno de paz y desarrollo.
La funcionaria explicó que el objetivo principal es recuperar la confianza en la zona mediante acciones conjuntas que favorezcan la generación de empleo, el respeto a los derechos humanos y la reactivación económica. En ese esfuerzo participan el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, el Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la propia Secretaría de Derechos Humanos, entre otras entidades del Estado.
“Estamos trabajando de manera compenetrada para llevar a Honduras a un clima de paz y enviar un mensaje claro de que el Bajo Aguán puede convertirse en una región apta para la inversión y el desarrollo”, señaló García Pagán, al destacar que la estabilidad es un elemento fundamental para atraer proyectos productivos que beneficien a las comunidades.
La ministra reconoció que el conflicto en el Bajo Aguán se ha vuelto más complejo en los últimos años debido a la presencia del crimen organizado, el cual, según explicó, ha aprovechado las disputas por la tierra para influir en algunos sectores y profundizar la conflictividad. Asimismo, admitió que el Estado ha cometido errores históricos en el manejo del problema agrario, por lo que consideró necesario implementar soluciones estructurales que garanticen seguridad jurídica y convivencia pacífica.
Como parte de esas medidas, García Pagán planteó la necesidad de corregir la duplicidad de funciones entre distintas instituciones encargadas de la emisión de escrituras de propiedad, una situación que, a su juicio, ha generado inseguridad jurídica y alimentado los conflictos por la tenencia de la tierra. En ese sentido, propuso avanzar hacia la creación de un banco de tierras centralizado que concentre el registro y la acreditación de la propiedad bajo una sola autoridad estatal.
La funcionaria sostuvo que una mayor coordinación institucional permitirá reducir la incertidumbre para campesinos, productores e inversionistas, al tiempo que facilitará la resolución de disputas y fortalecerá el desarrollo económico del Bajo Aguán. Finalmente, reiteró que el compromiso del Gobierno es impulsar acciones que devuelvan la tranquilidad a la región y sienten las bases para un crecimiento sostenible que beneficie a toda la población.
