By El Congreso Nacional dejó sin efecto la exoneración del pago de multas para aspirantes a cargos de elección popular que no han presentado sus declaraciones sobre el uso de fondos de campaña ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), también conocida como “Política Limpia”. La decisión se tomó luego de una moción de reconsideración presentada por el diputado presidente, Tomás Zambrano, quien pidió que el decreto fuera engavetado, eliminado del acta legislativa y considerado como no aprobado.
La medida revierte una decisión previa que había sido aprobada en el hemiciclo y que otorgaba una prórroga de dos meses a los precandidatos y candidatos que participaron en las elecciones primarias de 2025 y en las generales posteriores para ponerse al día con sus informes financieros. Sin embargo, tras el aumento de cuestionamientos públicos y políticos, distintos sectores dentro del propio Legislativo coincidieron en que la normativa debía ser corregida para evitar que se interpretara como una amnistía para quienes incumplieron con la obligación de rendición de cuentas.
Durante el debate, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, argumentó que la intención original del decreto era brindar un margen de tiempo razonable a quienes habían participado en los procesos electorales recientes, especialmente a nivel de alcaldías y diputaciones, para cumplir con la entrega de sus informes ante la UFTF. No obstante, reconoció que la interpretación generó controversia y que, en lugar de fortalecer la transparencia, podía debilitar la aplicación de sanciones establecidas por la ley. En ese sentido, insistió en que los participantes en procesos electorales asumen responsabilidades desde el momento en que se inscriben, por lo que no deben ser exonerados de sus obligaciones.
Zambrano también subrayó que el cumplimiento de la Ley de la UFTF no es opcional, recordando que las declaraciones sobre el origen y uso de los fondos de campaña son un requisito legal que ya ha sido aplicado en procesos electorales anteriores. Según indicó, la falta de presentación de estos informes no solo representa una infracción administrativa, sino que también puede derivar en sanciones económicas significativas, las cuales deben ser cobradas por las autoridades competentes.
La moción de reconsideración contó con el respaldo de varias bancadas legislativas, entre ellas el Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y Democracia Cristiana, cuyos representantes coincidieron en la necesidad de corregir la decisión inicial. El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, sostuvo que todos los aspirantes a cargos públicos conocen desde el inicio las obligaciones que adquieren al participar en un proceso electoral, por lo que consideró que las sanciones deben aplicarse sin excepciones. A su juicio, la rectificación aprobada representa un mensaje de responsabilidad institucional y fortalece el trabajo de la UFTF.
En la misma línea, el vicepresidente del Congreso y representante de la Democracia Cristiana, Godofredo Fajardo, afirmó que “errar es de humanos y rectificar es de sabios”, señalando que la decisión de revertir la prórroga era necesaria para evitar abusos en el manejo de las obligaciones electorales. Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Arnold Burgos, recordó que miles de candidatos han incumplido con la entrega de informes en procesos anteriores, lo que ha generado sanciones millonarias que aún deben ser cobradas, destacando la importancia de mantener la disciplina en materia de transparencia.
El diputado del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Julio Meléndez, también respaldó la decisión y enfatizó que la rendición de cuentas debe ser una práctica obligatoria para todos los actores políticos sin distinción partidaria. Señaló además que su partido ha cumplido en su totalidad con los requisitos de la UFTF, lo que, a su criterio, demuestra que es posible ajustarse a la normativa sin necesidad de prórrogas o excepciones.
No obstante, la decisión no fue unánime. La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) expresó su desacuerdo con la rectificación, argumentando que el procedimiento utilizado no era el adecuado desde el punto de vista legislativo. Según el diputado Fabricio Sandoval, una vez que un decreto ha sido sometido a discusión y aprobado en el pleno, no puede ser desechado mediante una simple reconsideración de acta, ya que esto podría contravenir el proceso parlamentario establecido.
Ante estas críticas, el presidente del Congreso reiteró que el pleno es la máxima autoridad legislativa y que, mientras el acta no haya sido enviada a sanción, existe la facultad legal de reconsiderar lo aprobado. Defendió que la decisión se ajusta a la normativa interna del Congreso Nacional y que el objetivo principal es garantizar la transparencia y el cumplimiento estricto de la ley.
Con esta resolución, el Congreso Nacional cierra el debate sobre la exoneración de multas a candidatos incumplidores y reafirma la obligatoriedad de rendir cuentas ante la UFTF, en medio de un ambiente político marcado por el escrutinio público y la exigencia de mayor transparencia en el manejo de los fondos de campaña electoral.
