By Un tribunal de justicia condenó a 18 años de prisión a Sandro Josué Martínez Núñez, guardia de seguridad hallado culpable del asesinato de Hong Zhixuan, un adolescente de 14 años de origen chino que murió tras recibir un disparo en un hecho ocurrido en la colonia 21 de Febrero de Tegucigalpa.
La sentencia fue emitida durante una audiencia de procedimiento abreviado, luego de que el acusado admitiera su participación en el crimen, lo que permitió concluir el proceso judicial sin necesidad de llegar a un juicio oral y público.
De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 25 de abril, cuando el menor perdió la vida tras ser atacado por el ahora condenado. El caso generó una fuerte reacción entre familiares, amigos y miembros de la comunidad china radicada en Honduras debido a las circunstancias en que ocurrió el crimen.
El portavoz del Poder Judicial, Álvaro Castillo, confirmó que el juez encontró responsable a Martínez Núñez por el delito de asesinato y ordenó una pena de 18 años de reclusión, además de imponer sanciones accesorias contempladas en la legislación hondureña.
Tras la resolución, el sentenciado continuará recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, donde deberá cumplir la condena impuesta por los tribunales.
Las autoridades judiciales explicaron que la pena fue reducida debido a la aplicación del procedimiento abreviado, un mecanismo legal que permite disminuir la condena cuando el imputado reconoce voluntariamente su responsabilidad en los hechos.
Según establece el Código Penal hondureño, el delito de asesinato contempla penas que oscilan entre los 20 y 25 años de prisión. Sin embargo, la admisión de culpabilidad permitió al tribunal aplicar una rebaja dentro de los márgenes que establece la ley.
Hong Zhixuan era hijo de propietarios de un establecimiento comercial de origen chino en la capital. Su muerte provocó consternación en diversos sectores de la sociedad y reavivó el debate sobre la seguridad y la protección de menores.
Con la sentencia ya emitida, el proceso judicial entra en su fase final y únicamente resta que la resolución quede firme, siempre y cuando no se presenten recursos legales dentro del plazo establecido por la normativa vigente.
La familia del adolescente ha mantenido su exigencia de justicia desde que ocurrió el crimen y espera que la condena represente un paso hacia el esclarecimiento definitivo del caso y la reparación del daño causado por la pérdida del menor.
