By La Comisión Técnica Liquidadora presentó su primer informe sobre el proceso de cierre, liquidación y reestructuración de instituciones estatales contempladas en el PCM 04-2026, revelando una serie de hallazgos que, según sus integrantes, deberán ser investigados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público.
Durante una comparecencia en Casa Presidencial, los comisionados informaron sobre presuntas irregularidades detectadas en varias dependencias, entre ellas posibles usos de recursos públicos para actividades político-partidarias, pagos a personal sin evidencia de funciones desempeñadas y la desaparición de discos duros y archivos institucionales que contenían información pública.
Además, la comisión reportó el pago de más de 126 millones de lempiras en prestaciones laborales y destacó un ahorro estimado de casi tres millones de lempiras mensuales por la cancelación de contratos de arrendamiento, equivalente a más de 35 millones de lempiras al año.
Hallazgos bajo revisión
Entre los casos que serán sometidos a auditorías técnicas y financieras figuran gastos considerados elevados en servicios de transmisión y difusión, donde algunas facturas reflejarían cobros cercanos a los 70 mil lempiras por minuto de transmisión.
Asimismo, la comisión señaló que la Dirección General de Cinematografía manejó recursos superiores a los 60 millones de lempiras anuales destinados a proyectos culturales, por lo que se revisará la relación entre la inversión realizada y los resultados obtenidos.
En el informe también se menciona al Instituto de la Memoria, donde los interventores reportaron escasa evidencia de funcionamiento operativo al momento de asumir el proceso de liquidación.
Por otra parte, la comisión expuso observaciones relacionadas con la construcción del Hospital Neonatal de Occidente. Según documentación citada del TSC, la obra presenta un avance físico del 27 %, pese a que los desembolsos estatales superarían los 118 millones de lempiras. Además, parte del equipo biomédico adquirido permanece almacenado, mientras continúan vigentes los plazos de garantía.
Los comisionados informaron también que más de 5,000 bienes estatales valorados en aproximadamente 38.6 millones de lempiras han sido transferidos a otras instituciones públicas como parte del proceso de reorganización administrativa.
Finalmente, señalaron que el objetivo de estas acciones es fortalecer los mecanismos de control, proteger el patrimonio estatal y optimizar el uso de los recursos públicos en áreas prioritarias para el país.
