By Las nuevas disposiciones aprobadas para endurecer las sanciones contra los agresores de mujeres abren un amplio debate entre especialistas, diputados y defensores de derechos humanos. Mientras algunos sectores consideran que representan un avance en la lucha contra la violencia de género, otros advierten que las penas por sí solas no resolverán el problema si continúan los altos niveles de impunidad y las fallas en la investigación criminal.
Las recientes reformas al Código Penal hondureño enfocadas en fortalecer la persecución del delito de femicidio han generado una discusión nacional sobre la efectividad de las medidas legales para enfrentar una problemática que continúa cobrando la vida de cientos de mujeres cada año.
Aunque distintos sectores coinciden en que el Estado debe adoptar acciones más contundentes para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, las opiniones se dividen respecto al verdadero impacto que tendrán las modificaciones aprobadas y si estas serán suficientes para reducir los índices de femicidios.
El debate fue abordado durante el programa 30/30, donde participaron representantes del ámbito académico, político y jurídico, entre ellos la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), Migdonia Ayestas; la diputada Sara Zavala; el abogado Fernando González; la defensora de derechos humanos Cristina Alvarado y el comisionado de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez.
Los invitados analizaron las fortalezas y posibles limitaciones de las reformas, así como los desafíos que enfrenta el sistema de justicia para garantizar investigaciones efectivas y sanciones contra los responsables de estos crímenes.
Reformas buscan fortalecer la respuesta del Estado
La diputada Sara Zavala explicó que las modificaciones al Código Penal tienen como propósito no solamente aumentar las penas para quienes cometan delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, sino también enviar un mensaje de mayor compromiso estatal frente a una problemática que continúa afectando al país.
La parlamentaria indicó que el proceso de construcción de las reformas incluyó reuniones con organizaciones sociales, instituciones públicas, expertos y distintos sectores que aportaron propuestas para mejorar la legislación.
Según Zavala, uno de los principales objetivos es fortalecer las herramientas legales para que las autoridades puedan actuar con mayor firmeza contra quienes atenten contra la vida e integridad de las mujeres.
La congresista señaló que las cifras de violencia siguen siendo preocupantes y recordó que cada año alrededor de 240 mujeres pierden la vida de forma violenta en Honduras.
Además, destacó que una gran parte de estos crímenes son cometidos utilizando armas de fuego, lo que representa uno de los principales factores asociados a la letalidad de estos ataques.
Para la diputada, las reformas forman parte de una estrategia más amplia que debe incluir prevención, educación, fortalecimiento institucional y una respuesta judicial más eficiente.
Observatorio Nacional de la Violencia alerta sobre la impunidad
Durante el análisis, Migdonia Ayestas presentó cifras que reflejan la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres en Honduras.
La directora del ONV-UNAH señaló que entre 2005 y 2025 se registraron más de 8,000 muertes violentas de mujeres en el país, mientras que durante los primeros meses de 2026 ya se contabilizan nuevos casos que mantienen la tendencia de años anteriores.
Ayestas afirmó que Honduras continúa enfrentando una situación crítica en materia de violencia de género y cuestionó los altos niveles de impunidad que rodean estos hechos.
Según explicó, aproximadamente el 95 % de los casos permanece sin una resolución judicial definitiva, situación que, a su criterio, genera un escenario donde los agresores perciben pocas posibilidades de enfrentar consecuencias legales.
La especialista indicó que los departamentos y municipios con mayor concentración poblacional continúan registrando importantes cifras de violencia, destacando zonas como el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés y Trujillo.
El femicidio como etapa final de un ciclo de violencia
Ayestas también enfatizó que los asesinatos de mujeres no ocurren de manera aislada, sino que suelen ser la consecuencia final de un proceso prolongado de violencia.
Explicó que muchas víctimas enfrentan previamente agresiones psicológicas, físicas, sexuales, económicas y patrimoniales antes de llegar al punto más extremo.
La directora del observatorio señaló que la prevención debe comenzar antes de que ocurra el crimen, mediante políticas públicas enfocadas en educación, atención temprana y protección efectiva para mujeres que denuncian situaciones de riesgo.
También alertó sobre la violencia sexual contra menores de edad y afirmó que en muchos casos los agresores pertenecen al entorno cercano de las víctimas, como familiares o personas de confianza.
Abogado anuncia acciones legales contra las reformas
Desde otra perspectiva, el abogado Fernando González cuestionó algunos aspectos de las modificaciones aprobadas al Código Penal y anunció que recurrirá ante la Sala de lo Constitucional.
Su argumento principal se basa en el principio de igualdad ante la ley establecido en la Constitución hondureña y tratados internacionales.
González sostiene que la legislación debe garantizar la protección de todas las personas sin establecer diferencias que puedan generar cuestionamientos constitucionales.
Durante el debate, también expresó preocupación por el incremento de sanciones y por algunas consecuencias jurídicas adicionales que podrían derivarse de las reformas.
A su juicio, cualquier modificación penal debe mantener un equilibrio entre la necesidad de castigar los delitos y el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales.
Cuestionan si las penas más altas resolverán el problema
El comisionado de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, planteó otro punto de vista al señalar que Honduras enfrenta una crisis general de violencia que afecta tanto a hombres como a mujeres.
Núñez recordó que históricamente la mayoría de víctimas de homicidio en el país han sido hombres, por lo que consideró necesario fortalecer la investigación criminal en todos los casos de muertes violentas.
Asimismo, expresó dudas sobre algunas sanciones contempladas en las reformas, especialmente aquellas relacionadas con personas condenadas por violencia doméstica y las consecuencias que podrían generar en aspectos laborales y sociales.
Según explicó, estos elementos deben ser analizados cuidadosamente para garantizar que las medidas adoptadas sean efectivas y sostenibles.
Defensores de derechos humanos señalan fallas en el sistema judicial
La defensora de derechos humanos Cristina Alvarado sostuvo que el problema principal no está únicamente en la cantidad de años de prisión establecidos para los agresores, sino en la capacidad real del Estado para investigar, judicializar y lograr condenas.
Alvarado indicó que las cifras reflejan una brecha importante entre los casos denunciados y aquellos que finalmente llegan a una sentencia.
Según datos expuestos durante el foro, entre 2019 y 2025 se registraron miles de muertes violentas de mujeres y femicidios, pero únicamente una pequeña parte concluyó con procesos judiciales y condenas.
Para la defensora, Honduras necesita fortalecer las unidades especializadas, mejorar la recopilación de pruebas, capacitar a los operadores de justicia y garantizar atención adecuada para las víctimas y sus familias.
La prevención y la justicia, los principales desafíos
El debate dejó claro que existe coincidencia entre los diferentes sectores sobre la urgencia de reducir la violencia contra las mujeres, pero persisten diferencias sobre el camino más efectivo para lograrlo.
Mientras algunos consideran que endurecer las penas es una herramienta necesaria para generar mayor disuasión y castigar con firmeza a los responsables, otros sostienen que las reformas legales deben ir acompañadas de instituciones más fuertes y sistemas de justicia capaces de responder con rapidez.
Los especialistas coincidieron en que combatir el femicidio requiere más que cambios en la legislación.
La prevención, la educación, la atención a denuncias tempranas, la protección de víctimas en riesgo y la reducción de la impunidad serán factores determinantes para que las nuevas disposiciones tengan un impacto real.
En Honduras, el desafío continúa siendo transformar las leyes aprobadas en resultados concretos: menos violencia, más investigaciones efectivas y justicia para las mujeres víctimas de uno de los problemas sociales más graves del país.
