By El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tendrá una nueva integración en su Comité Ejecutivo luego de que Carlos Gunther Laínez asumiera la representación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), en sustitución de Nelson Licona, quien dejó el cargo tras los cambios administrativos realizados en la organización municipal este año.
La salida de Licona se produce después de la renovación de la junta directiva de la AMHON y de su posterior remoción como director ejecutivo de esa institución, decisión que automáticamente puso fin a su participación como representante del organismo municipal dentro del CNA.
Licona había sido electo en octubre de 2025 como coordinador del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción, con el respaldo de la AMHON y de la Iglesia Católica, cuyo apoyo fue determinante para su elección. Antes de llegar al CNA, también se desempeñó como director ejecutivo de la AMHON y como director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) durante la administración del expresidente Manuel Zelaya.
Con su salida, el cargo pasa a ser ocupado por Carlos Gunther Laínez, quien recientemente fue nombrado director ejecutivo de la AMHON y, por esa condición, se incorpora automáticamente al Comité Ejecutivo del CNA junto a la directora ejecutiva del organismo, Gabriela Castellanos.
Laínez cuenta con experiencia en la administración pública y anteriormente participó en el programa presidencial Crédito Solidario durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, lo que ha generado distintas lecturas sobre la nueva composición del organismo anticorrupción.
Desde la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), su directora Melissa Elvir señaló que este tipo de relevos forman parte de la dinámica normal de las instituciones que integran el CNA y expresó su expectativa de que los cambios no afecten el trabajo técnico del organismo.
Analistas consultados coinciden en que el principal desafío del Consejo Nacional Anticorrupción será mantener la independencia de sus investigaciones, preservar la confianza ciudadana y garantizar que sus decisiones continúen basándose en criterios técnicos, sin importar el contexto político o el partido que se encuentre en el poder.
