By La Comisión Técnica Liquidadora reveló nuevas líneas de investigación sobre el manejo de aproximadamente 38 millones de lempiras que estaban destinados a beneficiar a migrantes hondureños retornados, fondos que habrían sido retirados en efectivo mediante un mecanismo que ahora es objeto de revisión por parte de las autoridades.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista televisiva, donde integrantes de la comisión expusieron una serie de hallazgos preliminares relacionados con la ejecución del programa de apoyo económico para compatriotas que regresaban al país tras ser deportados o retornar voluntariamente desde el extranjero.
Según las investigaciones en curso, los recursos habrían sido movilizados a través de múltiples retiros efectuados en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), generando interrogantes sobre el destino final de los fondos y la correcta identificación de los beneficiarios.
Fondos destinados a migrantes retornados
Las autoridades explicaron que el programa tenía como objetivo brindar asistencia económica a hondureños retornados como una medida de apoyo para facilitar su reinserción social y económica.
Cada beneficiario debía recibir un incentivo económico al momento de regresar al país, dentro de una estrategia gubernamental orientada a atender a personas afectadas por procesos migratorios.
Sin embargo, durante la revisión de documentos y registros administrativos surgieron inconsistencias que motivaron la apertura de nuevas investigaciones.
Retiros en efectivo bajo análisis
Mario Celín Simón Perla, integrante de la Comisión Técnica Liquidadora, indicó que la documentación revisada muestra que diversas personas acudían a la institución bancaria para realizar retiros en efectivo mediante cheques emitidos para la ejecución del programa.
De acuerdo con la información analizada, algunos desembolsos alcanzaban montos millonarios, mientras que otros correspondían a cantidades menores distribuidas en diferentes operaciones.
Las autoridades buscan establecer los procedimientos utilizados para la entrega de los recursos, así como verificar si las transacciones se realizaron conforme a los mecanismos de control establecidos para el manejo de fondos públicos.
“La investigación pretende determinar el recorrido completo de esos recursos y verificar que hayan llegado efectivamente a las personas para quienes fueron destinados”, señalaron los representantes de la comisión.
Inconsistencias en registros de beneficiarios
Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores está relacionado con la verificación de los beneficiarios registrados dentro del programa.
La comisión solicitó información a las instituciones competentes para comparar los listados de personas retornadas con los registros utilizados para la entrega de los incentivos económicos.
Como resultado de esa revisión preliminar, se identificaron diferencias entre algunos nombres consignados en los documentos administrativos y los registros oficiales de migrantes retornados.
Estas inconsistencias han llevado a las autoridades a profundizar las investigaciones para determinar si todos los recursos fueron entregados correctamente o si existieron irregularidades en el proceso.
Determinar responsabilidades
La Comisión Técnica Liquidadora informó que trabaja en coordinación con organismos especializados en transparencia y combate a la corrupción para esclarecer los hechos.
Entre los principales objetivos de la investigación se encuentra identificar quiénes autorizaron los desembolsos, cuáles fueron los procedimientos aplicados para la distribución de los recursos y quiénes resultaron beneficiados con los pagos efectuados.
Asimismo, las autoridades buscan establecer si existieron fallas administrativas, incumplimientos de controles internos o posibles responsabilidades individuales relacionadas con el manejo de los fondos.
Los hallazgos obtenidos serán incorporados a los informes técnicos que posteriormente podrían ser remitidos a las instancias competentes para las acciones correspondientes.
Reestructuración institucional y control del gasto público
Durante la misma comparecencia pública, representantes de la Comisión Técnica Liquidadora destacaron los avances obtenidos en los procesos de reorganización de varias dependencias estatales.
Según las autoridades, las medidas implementadas como parte de la reestructuración administrativa han permitido generar importantes ahorros para las finanzas públicas mediante la eliminación, fusión y reorganización de instituciones gubernamentales.
Dentro de este proceso también se contempla la reasignación de programas y entidades a nuevas estructuras administrativas con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer la eficiencia en la gestión pública.
Los funcionarios sostienen que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a mejorar los mecanismos de control, reducir gastos operativos y fortalecer la transparencia en el uso de fondos estatales.
Investigación continúa abierta
Mientras avanzan las verificaciones documentales y los cruces de información entre distintas instituciones, la Comisión Técnica Liquidadora mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con los recursos asignados al programa de apoyo para migrantes retornados.
Las autoridades reiteraron que el objetivo principal es esclarecer el manejo de los fondos públicos, determinar si existieron irregularidades y garantizar que los recursos destinados a programas sociales lleguen efectivamente a las poblaciones beneficiarias.
Los resultados finales de las investigaciones permitirán establecer con mayor precisión el destino de los 38 millones de lempiras bajo revisión y definir las acciones que correspondan conforme a la ley.
