By Los más de 137 millones de lempiras obtenidos por el Estado tras la venta del antiguo avión presidencial deberían destinarse prioritariamente al fortalecimiento del sistema sanitario, especialmente para garantizar el abastecimiento de medicamentos y mejorar la atención hospitalaria, planteó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
La organización señaló que el monto recaudado representa una oportunidad para atender algunas de las necesidades más urgentes del sector salud, donde persisten problemas relacionados con el desabastecimiento de fármacos, largas listas de espera y limitaciones en la atención especializada. Según la directora de Salud de la ASJ, Blanca Munguía, cualquier inversión debe traducirse en beneficios concretos para la población.
“Es importante que se agilice el acceso a medicamentos; si el pueblo no tiene acceso a medicamentos, se podría deteriorar la salud pública; además, se deben mejorar las atenciones hospitalarias a nivel nacional“, expresó Munguía, al señalar que garantizar el suministro de insumos médicos debe convertirse en una prioridad dentro de la distribución de estos recursos.
La representante de la organización también consideró que una parte de los fondos debería utilizarse para reducir los tiempos de espera que enfrentan miles de pacientes en los hospitales públicos, especialmente quienes requieren consultas especializadas, cirugías o tratamientos para enfermedades crónicas y oncológicas.
A criterio de ASJ, el fortalecimiento del sistema sanitario no debe limitarse únicamente a la compra de medicamentos, sino que también debe incluir inversiones orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de los centros asistenciales, ampliar la cobertura de los servicios médicos y optimizar la atención que reciben los pacientes en todo el país.
La organización insistió en que el éxito de la inversión dependerá de una adecuada planificación. Para ello, recomendó que las autoridades elaboren un plan de ejecución con metas específicas, plazos definidos y responsables claramente identificados para garantizar que los recursos sean utilizados de manera eficiente.
“Los 137 millones del avión presidencial podrían garantizar respuestas que hoy se le deben al pueblo hondureño; es importante que la planificación sea bien precisa y concreta“, manifestó Munguía, quien añadió que la población debe conocer exactamente en qué proyectos se invertirá el dinero proveniente de la venta de la aeronave.
Asimismo, explicó que el plan de inversión debe establecer indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos y verificar si los recursos realmente contribuyen a mejorar la calidad de los servicios de salud pública.
“Nuestra mayor recomendación es que se haga un plan específico sobre cómo se ejecutarán los recursos, qué servicio se va a mejorar, en qué plazo, quién será el responsable y que esos resultados puedan medirse para ofrecer una respuesta efectiva al pueblo hondureño“, agregó.
Otro de los aspectos que destacó ASJ es la necesidad de que todo el proceso esté acompañado por mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La organización considera indispensable que la ciudadanía pueda conocer cómo serán administrados los fondos y cuáles serán los beneficios derivados de esta inversión.
“Se debe garantizar una ejecución clara y transparente, implementando instrumentos de rendición de cuentas para que el pueblo hondureño comprenda cómo se administran los recursos públicos y cuál será el beneficio que recibirá de esa inversión“, puntualizó la directora de Salud de ASJ.
Las declaraciones surgen luego de que el Gobierno concretara la venta del antiguo avión presidencial mediante una subasta internacional realizada el pasado 10 de julio, en la que la empresa mexicana Thebe Ingeniería y Consultoría adquirió la aeronave por 5.1 millones de dólares, equivalentes a 137,776,390 lempiras.
El avión, un Embraer Legacy 600, había sido adquirido por el Estado hondureño en 2014 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández por aproximadamente 14.8 millones de dólares, por lo que su venta ha generado un amplio debate sobre el destino que deberán tener los recursos obtenidos.
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta, los fondos provenientes de la venta deberán destinarse exclusivamente al fortalecimiento del sistema de salud pública y al financiamiento de la construcción de centros universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en departamentos donde actualmente la institución no tiene presencia.
La normativa también establece que será la Secretaría de Finanzas (Sefin) la encargada de incorporar estos recursos al Presupuesto General de la República, para posteriormente ejecutar los proyectos autorizados conforme a la ley.
Mientras tanto, diferentes sectores de la sociedad continúan planteando propuestas sobre el uso de estos recursos, coincidiendo en que la prioridad debe centrarse en atender necesidades urgentes que generen beneficios directos para la población hondureña y fortalezcan los servicios públicos esenciales.
