By Investigaciones sobre tráfico y control de armamento revelan que fusiles y pistolas que alguna vez estuvieron bajo custodia de instituciones estatales habrían sido desviados hacia estructuras criminales como la MS-13 y el Barrio 18. El rastreo del origen de las armas continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades de seguridad.
Durante años, la discusión sobre la circulación ilegal de armas en Honduras se ha concentrado principalmente en los mecanismos de ingreso desde el extranjero, las rutas utilizadas por redes de narcotráfico y los puntos vulnerables en las fronteras. Sin embargo, nuevos análisis sobre el fenómeno plantean una interrogante que abre otro frente de investigación: ¿qué ocurre cuando el armamento utilizado por grupos criminales alguna vez estuvo bajo control del propio Estado?
Un estudio elaborado por el académico estadounidense Mark Ungar señala que una de las vías menos visibles del tráfico de armas en Centroamérica es precisamente el desvío de equipo bélico desde instituciones oficiales hacia organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.
El documento advierte que Honduras enfrenta desde hace años dificultades para garantizar la trazabilidad completa de sus arsenales, debido a fallas en los sistemas de registro, pérdidas de armamento, posibles actos de corrupción y filtraciones dentro de organismos encargados de la seguridad pública.
Aunque las instituciones cuentan con protocolos para el almacenamiento, control y manejo de armas, el análisis sostiene que existen casos en los que esos mecanismos no han sido suficientes para impedir que algunas piezas terminen fuera del control oficial.
Más de 350 armas habrían llegado a estructuras criminales
Uno de los episodios mencionados en el informe corresponde a la desaparición de más de 350 armas de fuego pertenecientes a la Policía Nacional de Honduras entre los años 2012 y 2016.
Según el estudio, parte de ese armamento posteriormente apareció vinculado a integrantes de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, organizaciones señaladas durante décadas por su participación en hechos violentos, extorsiones y otros delitos en Honduras y la región centroamericana.
El caso expuesto refleja una problemática que, según especialistas, va más allá del contrabando internacional de armas. El mercado ilegal también puede abastecerse mediante pérdidas internas, robos, desvíos administrativos o la participación de personas con acceso a inventarios oficiales.
El análisis plantea que mientras las autoridades concentran esfuerzos en detener el ingreso ilegal de armas desde otros países, existe otro desafío relacionado con aquellas que ya se encuentran dentro del territorio nacional y que, por diferentes razones, logran salir de los controles establecidos.
Presunta infiltración dentro de organismos de seguridad
El estudio también hace referencia a un caso ocurrido en 2019, cuando fue detenido un supuesto líder de la MS-13 al que se le decomisó armamento de alto calibre.
De acuerdo con el documento, la investigación derivada de ese operativo permitió identificar presuntos vínculos entre miembros de la estructura criminal y funcionarios policiales. El informe menciona a 38 oficiales superiores y 43 agentes de menor rango que habrían tenido algún tipo de relación con una facción de la organización criminal.
Para el investigador, este tipo de situaciones representan uno de los mayores riesgos para los sistemas de seguridad pública, debido a que la infiltración de grupos criminales dentro de instituciones estatales facilita el acceso a información, recursos y armamento.
Las cárceles, otro punto crítico en el control de armas
El sistema penitenciario hondureño también aparece señalado como uno de los espacios donde se ha evidenciado la presencia de armas ilegales.
El informe cita la Operación Fe y Esperanza, ejecutada en 2023 por las autoridades hondureñas, como uno de los operativos que evidenció la dimensión del problema dentro de los centros penales.
Durante las intervenciones realizadas en 25 establecimientos penitenciarios del país, las autoridades decomisaron más de 1,100 armas de fuego de diferentes calibres, además de miles de proyectiles y otros objetos prohibidos.
Estos hallazgos expusieron las dificultades existentes para mantener un control absoluto dentro de las cárceles, donde organizaciones criminales han mantenido estructuras de operación pese a los esfuerzos de las autoridades.
Un mercado ilegal difícil de cuantificar
Otro de los obstáculos para enfrentar el tráfico de armas en Honduras es la falta de cifras definitivas sobre la cantidad de armamento que circula en el país.
El estudio señala que existen estimaciones muy diferentes: algunas fuentes calculan que podrían existir alrededor de 400 mil armas, mientras otras elevan la cifra hasta más de un millón.
La diferencia entre estos cálculos evidencia la dificultad para conocer cuántas armas permanecen fuera de los registros oficiales y cuántas podrían estar en manos de personas o grupos sin autorización.
Además, el informe destaca que la información relacionada con compras institucionales, transferencias, pérdidas, controles internos y procesos de supervisión continúa siendo limitada, lo que dificulta reconstruir el recorrido de muchas armas una vez que salen de los inventarios oficiales.
El problema no se limita al ingreso desde otros países
El análisis reconoce que una parte importante del armamento que circula en Centroamérica proviene de mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos, donde existen grandes volúmenes de comercio legal que pueden terminar alimentando circuitos ilícitos.
Sin embargo, el investigador sostiene que reducir el problema únicamente al contrabando internacional deja fuera otros factores importantes.
Entre ellos menciona las ventas privadas, empresas de seguridad, fabricación artesanal de armas y posibles desvíos desde instituciones públicas como elementos que forman parte de una red más compleja.
Por ello, plantea que los gobiernos deben fortalecer no solo los controles fronterizos, sino también los mecanismos internos de supervisión, almacenamiento y seguimiento del armamento bajo custodia estatal.
Un rastro que todavía permanece abierto
Los casos documentados representan apenas una parte del desafío que enfrenta Honduras para conocer el origen y destino de las armas utilizadas en actividades criminales.
Cada arma que desaparece de un registro oficial y posteriormente aparece vinculada a homicidios, extorsiones u operaciones de grupos delincuenciales representa una falla en la cadena de control y supervisión.
El análisis de Mark Ungar concluye que combatir la violencia armada requiere conocer no solo cómo ingresan las armas al país, sino también cómo algunas logran escapar de los sistemas establecidos y terminar nuevamente en manos de quienes utilizan la violencia como mecanismo de intimidación y control.
Mientras las autoridades continúan realizando decomisos y operativos, la trazabilidad del armamento sigue siendo una tarea pendiente para garantizar que las armas destinadas a proteger a la población no terminen convirtiéndose en herramientas del crimen organizado.
