By La extorsión continúa siendo una de las principales causas de desplazamiento forzado interno en Honduras, obligando a cientos de familias a abandonar sus viviendas, negocios y lugares de trabajo para proteger su vida e integridad ante las amenazas de estructuras criminales.
De acuerdo con registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), durante la última década se han documentado numerosos casos de personas que han tenido que desplazarse debido a cobros extorsivos, intimidaciones y persecución por parte de grupos delictivos. La institución señala que el fenómeno afecta a comerciantes, transportistas, profesionales, emprendedores y ciudadanos de distintos sectores de la población.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, explicó que el desplazamiento forzado responde a múltiples factores de violencia, entre ellos la extorsión, amenazas de muerte, intentos de homicidio, asesinatos de familiares, violencia intrafamiliar y despojo de bienes.
La funcionaria indicó que quienes son víctimas de extorsión muchas veces optan por abandonar sus comunidades antes que poner en riesgo la vida de sus familias, situación que genera importantes consecuencias económicas, sociales y emocionales.
Según los registros del organismo, alrededor del 80 % de los casos relacionados con desplazamiento por extorsión se concentran en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, donde se ubican los principales centros urbanos y de actividad comercial del país, convirtiéndose en las zonas con mayor incidencia de este delito.
El Conadeh también advirtió que el miedo continúa siendo uno de los mayores obstáculos para combatir la extorsión, ya que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias o porque consideran que acudir a las autoridades podría aumentar el riesgo para ellas y sus familias.
La institución señaló que esta situación dificulta el trabajo de investigación y limita la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y justicia, además de impedir que muchas víctimas reciban medidas de protección oportunas.
Ante este panorama, el Conadeh reiteró la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado y establecer mecanismos de atención temprana que permitan proteger a las personas en situación de riesgo antes de que se vean obligadas a abandonar sus hogares.
Asimismo, enfatizó que enfrentar la extorsión requiere una respuesta integral que involucre a las autoridades, el sector privado y la ciudadanía, con el objetivo de reducir el desplazamiento forzado y garantizar la protección de los derechos de quienes viven bajo amenazas constantes.
