¿Cómo utilizan las estructuras criminales las cámaras de vigilancia para controlar territorios?

¿Cómo utilizan las estructuras criminales las cámaras de vigilancia para controlar territorios?

Las cámaras de videovigilancia dejaron de ser una herramienta exclusiva para la prevención del delito. En Honduras, las autoridades han identificado que grupos criminales también recurren a sistemas tecnológicos para vigilar comunidades, anticipar operativos policiales y fortalecer su control sobre determinados territorios.

De acuerdo con investigaciones de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), las organizaciones criminales instalan cámaras en puntos estratégicos como entradas, salidas, calles principales y accesos a colonias, creando una red de monitoreo que les permite conocer en tiempo real el movimiento de patrullas, investigadores y personas que ingresan o salen de la zona.

Según los investigadores, esta infraestructura tecnológica se ha convertido en una herramienta de inteligencia para las maras y pandillas, ya que facilita la coordinación de actividades ilícitas, la evasión de capturas y la rápida movilización de sus integrantes cuando detectan la presencia de las autoridades.

Las autoridades también han documentado que algunos de estos sistemas son presentados como proyectos de vigilancia comunitaria para evitar sospechas. En varios casos, residentes han sido presionados o intimidados para hacer creer que las cámaras fueron instaladas por los vecinos, cuando en realidad responden a intereses de estructuras delictivas.

Otro elemento que preocupa a los cuerpos de seguridad es el nivel tecnológico que han alcanzado estos sistemas. En diferentes operativos se han encontrado cámaras alimentadas con paneles solares, enlaces de internet independientes y monitoreo remoto mediante teléfonos celulares, lo que permite a los operadores supervisar las imágenes desde cualquier lugar.

Ante este panorama, la Policía Nacional mantiene operativos permanentes para identificar y retirar equipos instalados de forma irregular en infraestructura pública, especialmente cuando las investigaciones establecen que forman parte de redes utilizadas por grupos dedicados a la extorsión, el sicariato y otros delitos.

Las autoridades aclaran que la videovigilancia vecinal es una herramienta válida para fortalecer la seguridad ciudadana, siempre que cumpla con los procedimientos legales y cuente con las autorizaciones correspondientes. El objetivo, señalan, es evitar que la tecnología destinada a proteger a la población sea utilizada para favorecer actividades criminales o consolidar el control territorial de organizaciones delictivas.

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