By El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, generó nuevas críticas a nivel internacional tras afirmar que en el país no volverán a realizarse elecciones que permitan a sectores opositores acceder al poder, una declaración que opositores y organismos internacionales interpretan como un nuevo golpe a la democracia y a la posibilidad de alternancia política.
Durante un acto público realizado en Managua por la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega aseguró que su gobierno impedirá cualquier proceso electoral que, según él, sea utilizado por sus adversarios para “atrapar el Gobierno” o recuperar el control del país.
“En Nicaragua no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, expresó el mandatario, al referirse a los sectores opositores que se encuentran dentro y fuera del territorio nicaragüense.
Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, sostuvo que los opositores buscan llegar al poder para beneficiarse económicamente y los acusó de actuar en contra del país. Además, anunció que impulsará nuevas medidas legales junto a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para impedir acciones que su gobierno considera amenazas contra el Estado.
Reformas constitucionales concentran el poder
Nicaragua atraviesa una profunda crisis institucional luego de las reformas constitucionales aprobadas en 2025, las cuales modificaron la estructura del Estado, ampliaron el período presidencial de cinco a seis años y establecieron la figura de la “copresidencia”, otorgando mayores atribuciones a Rosario Murillo, esposa de Ortega.
Murillo, quien fue vicepresidenta desde 2017, asumió el cargo de copresidenta tras los cambios constitucionales impulsados por el oficialismo. Las reformas también modificaron la relación entre los poderes del Estado al establecer una mayor coordinación desde el Ejecutivo.
Organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y el Parlamento Europeo han expresado cuestionamientos sobre estas modificaciones, señalando preocupaciones por la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas.
Críticas por falta de competencia electoral
La oposición nicaragüense y gobiernos extranjeros han denunciado durante años restricciones a la participación política, persecución contra dirigentes opositores, cierre de organizaciones civiles y falta de condiciones para elecciones consideradas libres y transparentes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha cuestionado el ascenso de Rosario Murillo como copresidenta, señalando que el cargo no surgió de una elección democrática y acusando al gobierno de Ortega de limitar el derecho ciudadano a elegir a sus autoridades.
Con estas declaraciones, el mandatario nicaragüense vuelve a colocar en el centro del debate el futuro político del país, donde sectores críticos advierten sobre un escenario de permanencia indefinida del actual gobierno y una reducción de los espacios para la oposición.
