By El Instituto Nacional de Migración (INM) solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclarar la situación de las alertas migratorias relacionadas con el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, luego de identificar que en sus registros figura una medida emitida por un juzgado de extradición distinta a la suspensión temporal ordenada recientemente.
Según el oficio No. 710-DE-INM-2026, enviado por el director ejecutivo del INM, Carlos Eduardo Cordero, la institución recibió una orden judicial de fecha 29 de junio de 2026, mediante la cual el Juzgado de Letras Natural Designado ordenó suspender temporalmente la alerta migratoria contra Hernández dentro del expediente V.P. 171-2023, relacionado con una investigación por los delitos de fraude y lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
Sin embargo, el INM informó que al revisar sus archivos encontró otra alerta migratoria emitida por el Juzgado de Extradición de Primera Instancia el 15 de febrero de 2022, dentro del expediente de solicitud de extradición No. 119-2022 presentada por Estados Unidos contra el exmandatario.
La institución explicó que esta segunda alerta fue ordenada para impedir la salida del país de Juan Orlando Hernández, debido al proceso de extradición en el que se le señalaba como supuesto responsable de tres cargos. Por esta razón, el INM indicó que dicha medida no consignaba la suspensión temporal ordenada por el Juzgado de Letras Natural, al tratarse de procesos y autoridades judiciales diferentes.
En el documento remitido a la CSJ, el INM solicitó una aclaración para determinar si existió alguna modificación, error o si la suspensión temporal ordenada en junio de 2026 también debía aplicarse a la alerta migratoria emitida por el proceso de extradición.
Por su parte, el Juzgado de Letras Natural Designado ordenó el 29 de junio de 2026 la suspensión temporal de las órdenes de captura y alerta roja emitidas en el proceso por fraude y lavado de activos, luego de que la defensa de Hernández informara su intención de presentarse voluntariamente ante las autoridades hondureñas.
La resolución judicial establece que la suspensión temporal de estas medidas tendrá vigencia del 20 de julio al 3 de agosto de 2026, periodo en el que, según lo establecido por el juzgado, las órdenes deberán reactivarse automáticamente salvo que exista una nueva disposición judicial.
Mientras tanto, la alerta migratoria emitida en 2022 por el Juzgado de Extradición de Primera Instancia continúa siendo el punto de consulta del INM, que remitió la documentación correspondiente a la Corte Suprema de Justicia para definir el alcance de las medidas vigentes contra el exgobernante hondureño.
