Honduras y Estados Unidos fortalecieron su cooperación en materia de seguridad tras una reunión entre el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, y el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Christopher Cole, en la que ambas autoridades ratificaron su compromiso de trabajar conjuntamente contra el narcotráfico y las estructuras del crimen organizado transnacional.
Durante el encuentro se revisaron los principales mecanismos de cooperación bilateral y se analizaron nuevas estrategias para fortalecer las investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas, el lavado de activos y otros delitos vinculados a organizaciones criminales que operan dentro y fuera del territorio hondureño.
Las delegaciones coincidieron en la importancia de mantener un intercambio permanente de información de inteligencia, además de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las instituciones encargadas de la investigación criminal, con el propósito de mejorar la respuesta frente a las redes delictivas.
El fiscal general destacó que el Ministerio Público mantiene como prioridad el combate a las organizaciones criminales y reiteró la disposición de continuar trabajando junto a agencias internacionales para fortalecer la persecución penal y garantizar la aplicación de la ley.
Por su parte, el director de la DEA expresó el respaldo de la agencia estadounidense a las acciones que desarrolla Honduras en la lucha contra el narcotráfico, reafirmando la continuidad de la asistencia técnica, el intercambio de información especializada y la cooperación en investigaciones de interés común.
Las autoridades señalaron que la coordinación entre ambos países ha permitido avanzar en casos de alto impacto y consideran que este tipo de reuniones fortalece la capacidad institucional para enfrentar amenazas relacionadas con el crimen organizado transnacional.
Finalmente, ambas delegaciones reiteraron que la cooperación bilateral continuará orientada a desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a debilitar las estructuras dedicadas al narcotráfico, fortalecer la seguridad regional y promover una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la justicia y la seguridad.
