By La Policía Nacional aclaró que no mantiene ninguna prohibición contra el uso de cámaras de videovigilancia instaladas por ciudadanos para proteger sus viviendas, negocios o propiedades privadas. La institución explicó que las acciones recientes de desinstalación han estado dirigidas únicamente a equipos colocados de manera irregular o que presuntamente eran utilizados por grupos delictivos.
El portavoz de la institución, Wilmer Mayes, señaló que las personas pueden utilizar sistemas de seguridad siempre que estos sean instalados dentro del marco legal y no representen un riesgo para la seguridad pública. En ese sentido, enfatizó que la Policía respalda las medidas de prevención que adopten los ciudadanos para resguardar sus bienes.
Mayes indicó que la intervención de las autoridades ocurre cuando existen denuncias ciudadanas o cuando se detecta la instalación de cámaras en espacios públicos sin la autorización correspondiente. En esos casos, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realiza las inspecciones necesarias y, de comprobarse alguna irregularidad, procede al retiro de los dispositivos.
El funcionario explicó que los operativos desarrollados recientemente en la zona norte del país permitieron desmantelar una red de cámaras que, según las investigaciones preliminares, era utilizada por una estructura criminal para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y alertar sobre operativos policiales.
Asimismo, detalló que la intervención fue posible gracias a denuncias presentadas por habitantes de las comunidades afectadas, quienes alertaron sobre la existencia de estos equipos instalados de forma ilegal. Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan para identificar a los responsables de la colocación y operación de dichos sistemas.
Finalmente, la Policía Nacional reiteró que los ciudadanos que utilizan cámaras de seguridad con fines de protección no serán objeto de sanciones ni de decomisos, siempre que los equipos estén instalados conforme a la normativa vigente y no sean empleados para actividades ilícitas.
