Desabastecimiento de suero antiofídico genera alarma en el sistema de salud

Desabastecimiento de suero antiofídico genera alarma en el sistema de salud

La Coalición Ambiental de Honduras (COAH) lanzó un llamado urgente al Gobierno de la República y a la Secretaría de Salud (Sesal) para atender el desabastecimiento de suero antiofídico en la red hospitalaria pública, una situación que, según la organización, pone en riesgo la vida de cientos de hondureños expuestos a mordeduras de serpientes venenosas, principalmente en las zonas rurales y agrícolas del país.

A través de un pronunciamiento, la organización calificó la situación como una “crisis silenciosa” que durante años ha afectado al sistema sanitario nacional y advirtió que la ausencia de este medicamento convierte accidentes potencialmente tratables en emergencias con consecuencias fatales. La COAH señaló que el acceso oportuno al suero antiofídico representa la diferencia entre la vida y la muerte para las personas que sufren mordeduras de especies altamente venenosas presentes en Honduras.

La organización explicó que el problema afecta principalmente a comunidades rurales, donde trabajadores agrícolas, ganaderos, pobladores y personas que realizan actividades en zonas boscosas son quienes enfrentan mayor riesgo de sufrir accidentes ofídicos. En estos lugares, además de las dificultades para acceder rápidamente a un centro asistencial, la falta del antídoto incrementa considerablemente el peligro para los pacientes.

Entre las especies de mayor preocupación mencionadas por la COAH figuran la serpiente coral (Micrurus nigroscinctus) y la serpiente de cascabel (Crotalus simus), cuyos venenos pueden provocar graves complicaciones neurológicas, respiratorias y circulatorias si no se administra el tratamiento adecuado dentro de las primeras horas posteriores a la mordedura.

Ante este escenario, la Coalición Ambiental instó a las autoridades sanitarias a ejecutar un plan inmediato para garantizar la compra e importación de suero antiofídico polivalente de alta calidad, con el objetivo de abastecer todos los hospitales públicos y centros de salud ubicados en las regiones con mayor incidencia de accidentes por mordeduras de serpientes.

Además del abastecimiento inmediato, la organización propuso impulsar proyectos nacionales de investigación científica sobre las especies de serpientes presentes en el territorio hondureño. Según explicó, estos estudios permitirían conocer con mayor precisión la epidemiología de los accidentes ofídicos y avanzar en el desarrollo de antídotos específicos adaptados a las especies existentes en el país.

La COAH también planteó la creación de una partida presupuestaria permanente y exclusiva destinada a la adquisición continua de suero antiofídico, con el propósito de evitar que Honduras vuelva a enfrentar periodos de desabastecimiento de un medicamento considerado esencial para la atención de emergencias médicas.

Otro de los planteamientos presentados por la organización consiste en fortalecer la capacitación del personal de salud mediante programas obligatorios sobre el manejo de accidentes ofídicos. A criterio de la Coalición, contar con protocolos actualizados y personal debidamente entrenado permitiría optimizar los tiempos de atención, mejorar las decisiones clínicas y aumentar las probabilidades de supervivencia de los pacientes.

Como referencia de la importancia del tratamiento oportuno, la organización recordó que durante 2025 el Departamento de Epidemiología del Hospital Escuela registró 116 casos de personas mordidas por serpientes venenosas. Todos los pacientes sobrevivieron gracias a la aplicación inmediata del suero antiofídico, lo que evidencia la eficacia del medicamento cuando está disponible en los centros asistenciales.

La mayoría de esos casos procedían de los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho, regiones donde la actividad agrícola y ganadera incrementa la exposición de la población a este tipo de accidentes. Por ello, la COAH insistió en que garantizar la disponibilidad permanente del antídoto constituye una prioridad de salud pública y una medida indispensable para proteger la vida de quienes habitan y trabajan en las zonas de mayor riesgo del país.

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