By A pesar de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades durante los últimos años, la extorsión continúa siendo uno de los principales problemas de criminalidad que enfrenta Honduras, afectando de manera especial al sector transporte, cuyos operadores y empresarios siguen siendo blanco de amenazas, cobros ilegales y ataques perpetrados por estructuras del crimen organizado.
Representantes del rubro sostienen que el delito mantiene un fuerte impacto económico y social, provocando pérdidas millonarias, restricciones en la prestación del servicio e incluso la muerte de conductores y propietarios que se han negado o no han podido cumplir con las exigencias económicas impuestas por grupos criminales.
Aunque las instituciones de seguridad afirman que el incremento en las denuncias refleja una mayor confianza de la ciudadanía para acudir ante las autoridades, organizaciones de sociedad civil advierten que la mayoría de las víctimas continúa optando por el silencio debido al temor a represalias.
Miles de denuncias reflejan la dimensión del problema
Datos recopilados por el Ministerio Público indican que entre diciembre de 2022 y diciembre de 2024 fueron presentadas 3,286 denuncias por extorsión en diferentes regiones del país, una cifra que evidencia la persistencia del delito pese a las acciones implementadas para combatirlo.
Asimismo, registros de la desaparecida Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) muestran que durante enero de 2025 se contabilizaron 341 denuncias, más del doble de las 160 registradas durante el mismo mes del año anterior.
Sin embargo, especialistas consideran que estas estadísticas representan únicamente una parte del fenómeno, ya que un importante porcentaje de víctimas decide no acudir ante las autoridades por miedo a sufrir represalias.
Investigaciones desarrolladas por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) estiman que únicamente alrededor del 15 por ciento de las personas afectadas formaliza una denuncia, lo que refleja un considerable subregistro de este delito.
Además, la organización señala que aproximadamente 11 por ciento de los hogares hondureños reportó haber sido víctima de extorsión durante 2025, lo que convierte este problema en uno de los principales desafíos para la seguridad ciudadana.
Transporte sigue siendo uno de los sectores más vulnerables
El transporte público continúa figurando entre las actividades económicas más afectadas por las estructuras dedicadas a la extorsión.
Dirigentes del sector afirman que durante 2025 los empresarios y conductores desembolsaron alrededor de 250 millones de lempiras para cumplir con los pagos exigidos por grupos criminales, con el propósito de evitar atentados contra sus unidades o agresiones contra sus trabajadores.
Según representantes del rubro, estas exigencias económicas incrementan considerablemente los costos de operación, reducen la rentabilidad de las empresas y dificultan la sostenibilidad del servicio en diferentes ciudades del país.
Violencia continúa cobrando vidas
Además del impacto financiero, la violencia asociada a la extorsión sigue dejando víctimas mortales dentro del sector transporte.
De acuerdo con información recopilada por organismos de sociedad civil, durante 2024 fueron asesinados 49 conductores y propietarios de unidades de transporte, una cifra inferior a las 82 muertes registradas el año anterior.
No obstante, dirigentes transportistas consideran que esta reducción no necesariamente refleja una disminución real del problema, sino que podría estar relacionada con el hecho de que muchos empresarios han optado por continuar realizando pagos ilegales para evitar convertirse en objetivos de las organizaciones criminales.
Un análisis de registros oficiales de la Secretaría de Seguridad revela que entre 2015 y 2023 se contabilizaron 421 homicidios vinculados con la extorsión, de los cuales 224 víctimas, equivalentes al 53 por ciento, pertenecían al sector transporte.
Estas cifras evidencian que los conductores y propietarios de unidades continúan siendo uno de los grupos ocupacionales con mayor exposición a este tipo de violencia.
Empresas reducen operaciones por amenazas
El impacto de la extorsión también ha obligado a varias empresas transportistas a modificar sus operaciones.
En diferentes ocasiones, compañías de transporte urbano e interurbano han suspendido temporalmente algunas rutas o reducido frecuencias de servicio debido a las amenazas recibidas por parte de grupos criminales.
Esta situación ha sido especialmente visible en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde miles de usuarios han enfrentado dificultades para movilizarse cuando determinadas rutas dejan de operar por motivos de seguridad.
Los empresarios sostienen que cada suspensión genera pérdidas económicas tanto para las compañías como para los trabajadores del sector, además de afectar directamente a estudiantes, empleados y ciudadanos que dependen diariamente del transporte público.
Persisten desafíos para combatir el delito
Aunque las autoridades han puesto en marcha diferentes estrategias para enfrentar la extorsión, incluyendo operativos policiales, capturas de integrantes de estructuras criminales y campañas para incentivar la denuncia ciudadana, diversos sectores consideran que el problema continúa representando uno de los mayores retos en materia de seguridad pública.
Las organizaciones de sociedad civil insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación, mejorar la protección a las víctimas y aumentar la confianza en las instituciones encargadas de perseguir este delito.
Por su parte, representantes del transporte reiteran que es indispensable implementar acciones integrales que permitan reducir la incidencia de la extorsión, garantizar la seguridad de conductores y empresarios y evitar que las amenazas continúen afectando la prestación de un servicio esencial para la movilidad de millones de hondureños.
Mientras tanto, el sector continúa operando bajo un escenario de incertidumbre, en el que la violencia y los cobros ilegales siguen representando uno de los principales obstáculos para su estabilidad económica y para el funcionamiento normal del transporte público en el país.
