By El debate sobre el futuro del avión presidencial continúa generando controversia luego de que el exdirector de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), Luis Alonso Sosa, asegurara que la aeronave enfrenta serios obstáculos legales y administrativos que impedirían su venta en las condiciones actuales.
Según explicó el exfuncionario, el principal problema radica en la documentación relacionada con la adquisición de la aeronave, la cual, a su criterio, presenta inconsistencias que dificultan su incorporación formal al inventario de bienes del Estado y, por ende, cualquier proceso de comercialización.
Sosa señaló que entre los documentos existentes figura una supuesta factura de compra por aproximadamente 14 millones de dólares que, según sus declaraciones, no reúne los requisitos legales necesarios para respaldar una transacción de esa magnitud. Además, indicó que dentro del expediente aparecen documentos con firmas cuya validez jurídica estaría pendiente de ser verificada por las autoridades competentes.
El exdirector recordó que la legislación vigente exige que todo bien estatal cuente con documentación clara, auténtica y debidamente registrada para poder ser incorporado oficialmente al patrimonio público. De lo contrario, cualquier actuación administrativa podría generar responsabilidades legales para los funcionarios involucrados.
Aunque el Congreso Nacional aprobó recientemente un decreto orientado a facilitar la venta de la aeronave, Sosa considera que la autorización legislativa no resuelve las interrogantes relacionadas con la legalidad de los documentos que respaldan la compra original del aparato.
Mientras tanto, el avión permanece fuera de operación en un hangar, donde continúa recibiendo mantenimiento periódico. De acuerdo con las estimaciones mencionadas por el exfuncionario, los costos de conservación de la aeronave rondan los 300 mil dólares anuales, recursos que, a su juicio, representan una carga significativa para las finanzas públicas mientras no exista una definición sobre su situación jurídica.
El tema también mantiene el interés de las autoridades investigativas. Sosa reveló que el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha realizado diligencias relacionadas con la adquisición de la aeronave, incluyendo inspecciones y recopilación de información en instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña.
Las investigaciones buscan esclarecer los procedimientos utilizados durante la compra del avión en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, así como determinar si existieron irregularidades administrativas o posibles responsabilidades penales en el proceso.
La controversia sobre la aeronave presidencial se mantiene abierta mientras sectores políticos, jurídicos y de la sociedad civil continúan debatiendo si el Estado cuenta con las condiciones legales necesarias para concretar una eventual venta o si primero deberán resolverse las dudas que persisten sobre la documentación de su adquisición.
