By La desaparición de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) no debe significar el cierre de los casos relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante su funcionamiento, advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que pidió investigaciones individuales y sanciones contra los responsables de posibles abusos cometidos en el marco del estado de excepción.
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH, Daniel Cáceres, señaló que la eliminación de una institución no extingue la responsabilidad de los funcionarios involucrados en actos contrarios a la ley. Por ello, consideró necesario que las autoridades realicen investigaciones exhaustivas en cada una de las dependencias de la desaparecida unidad policial para determinar responsabilidades y garantizar que las víctimas obtengan justicia.
Según datos del organismo defensor de derechos humanos, entre diciembre de 2022 y enero de 2026, período en el que estuvo vigente el estado de excepción en distintas regiones del país, se registraron más de mil denuncias contra agentes estatales, principalmente miembros de los cuerpos de seguridad.
De ese total, alrededor de 295 quejas fueron presentadas contra agentes de la extinta DIPAMPCO, mientras que unas 225 estuvieron relacionadas con actuaciones de funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). El resto involucra a otras dependencias de seguridad que participaron en operativos especiales durante esos años.
Las denuncias recibidas por el CONADEH abarcan una amplia variedad de presuntas irregularidades. Entre las más frecuentes figuran allanamientos sin orden judicial, daños a la propiedad privada, pérdida o decomiso irregular de objetos personales, uso excesivo de la fuerza durante capturas y operativos, así como detenciones realizadas sin informar claramente los motivos a los afectados.
Asimismo, el organismo reportó casos relacionados con malos tratos, amenazas, intimidaciones, detenciones fuera de los alcances establecidos en los decretos ejecutivos que regulaban el estado de excepción e incluso denuncias por presuntos abusos sexuales, situaciones que, según el ente defensor, requieren investigaciones profundas e independientes.
El CONADEH indicó que las quejas fueron registradas en los 18 departamentos del país, aunque la mayor concentración de denuncias se reportó en zonas donde la presencia policial y los operativos fueron más intensos. Francisco Morazán encabezó la lista con 194 casos, seguido por Choluteca con 119, Cortés con 95 y El Paraíso con 85 denuncias, departamentos que en conjunto acumularon cerca del 46 por ciento de las quejas recibidas.
Cáceres explicó que la alta incidencia de denuncias en estas regiones está relacionada tanto con los niveles de criminalidad como con la intensidad de las intervenciones policiales ejecutadas durante el período de excepción.
Respecto a los procesos de depuración y certificación que actualmente impulsa la Secretaría de Seguridad dentro de la Policía Nacional, el representante del CONADEH consideró positivo que las autoridades estén tomando en cuenta informes elaborados por organismos de supervisión y control como la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL).
A criterio del organismo de derechos humanos, las pruebas de confianza y los mecanismos de evaluación interna deben servir no solo para identificar posibles irregularidades, sino también para implementar correctivos que eviten la repetición de conductas que vulneren los derechos fundamentales de la población.
El CONADEH reiteró que la lucha contra la criminalidad debe realizarse dentro del marco de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, señalando que la seguridad ciudadana y el respeto a las garantías individuales no son objetivos incompatibles, sino elementos fundamentales para fortalecer la confianza de la población en las instituciones del Estado.
