By El diputado del Partido Liberal, Salomón Nazar, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de Ley de Identidad Judicial Protegida, iniciativa que busca fortalecer la seguridad de jueces, magistrados y personal jurisdiccional que participen en procesos vinculados al crimen organizado y otras estructuras delictivas de alta peligrosidad.
La propuesta fue introducida en medio de crecientes preocupaciones sobre las amenazas y presiones que enfrentan operadores de justicia encargados de conocer casos relacionados con narcotráfico, extorsión, terrorismo, lavado de activos y delitos cometidos por redes criminales que operan dentro y fuera del país.
Según explicó el parlamentario, el objetivo principal del proyecto es garantizar la independencia judicial y brindar mecanismos especiales de protección a aquellos funcionarios que, por la naturaleza de los procesos que manejan, puedan convertirse en blanco de intimidaciones, represalias o ataques directos.
La iniciativa contempla medidas excepcionales para resguardar la identidad de jueces y personal judicial, incluyendo la reserva temporal de datos personales, protocolos de seguridad física, herramientas tecnológicas de protección y sistemas especiales de manejo de información sensible.
Nazar aclaró que el proyecto no pretende establecer tribunales secretos ni eliminar garantías constitucionales dentro de los procesos judiciales. En ese sentido, enfatizó que se mantendrán intactos derechos fundamentales como la defensa, el acceso a recursos legales, la recusación y la publicidad de los procesos conforme a la ley.
“El propósito es proteger a quienes administran justicia sin afectar el debido proceso ni las garantías constitucionales de las partes involucradas”, expresó el congresista durante la presentación de la iniciativa ante el pleno legislativo.
El proyecto establece además que cualquier medida de identidad protegida deberá ser autorizada mediante resolución motivada por la Corte de Apelaciones competente, aplicando criterios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad para evitar abusos o arbitrariedades.
La propuesta también contempla revisiones periódicas sobre la vigencia de las medidas de protección, con el fin de evaluar si persisten las condiciones de riesgo que justifican mantener la reserva de identidad de los funcionarios judiciales beneficiados.
Entre otros puntos, la iniciativa incluye la creación de un Programa Especial de Seguridad Judicial orientado a reforzar los protocolos de protección institucional, así como fortalecer los sistemas de ciberseguridad utilizados por el Poder Judicial en el manejo de expedientes y documentación sensible.
Asimismo, plantea mecanismos de coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional para desarrollar estrategias conjuntas de seguridad destinadas a proteger tanto a jueces como a sus familias ante posibles amenazas derivadas del ejercicio de sus funciones.
El proyecto también incorpora sanciones penales contra quienes divulguen información reservada relacionada con funcionarios judiciales acogidos al régimen de protección, considerando que la filtración de datos podría poner en riesgo la integridad física de los operadores de justicia.
La iniciativa será remitida a comisión para su respectivo análisis y dictamen antes de ser discutida por el pleno del Congreso Nacional. De aprobarse, Honduras contaría con un nuevo marco legal enfocado en reforzar la seguridad institucional del sistema judicial frente al avance de estructuras criminales y delitos de alto impacto.
