By La comisión especial del Poder Legislativo para el monitoreo de investigaciones de la impunidad en casos de femicidios pidió crear un registro de agresores sexuales, garantizar la aprobación de la Ley de Alerta Violeta y endurecer penas contra femicidios.
La solicitud está planteada en un informe sobre la situación de violencia contra las mujeres en Honduras que la comisión elevó ante el pleno legislativo.
En el informe presentado por la prosecretaria Ariana Banegas se retrata la realidad de la violencia contra las mujeres en Honduras, el país con la tasa de femicidios más alta de Latinoamérica, con 4,3 femicidios por cada 100.000 mujeres y donde una fémina es asesinada cada 33 horas.
Al primer trimestre del 2026 se registraron 59 víctimas mortales, indicando que la situación sigue la misma tendencia este año.
Las parlamentarias que integran la comisión prevén que el informe dé luz para las reformas adecuadas en el Código Penal, así como para crear la ruta de prevención frente al flagelo del femicidio.
Acciones conjuntas
La diputada Banegas, nacionalista por Colón, refirió que con la presentación del informe ante el pleno de diputados la comisión especial cumple con el objetivo de entregar una propuesta formal y estructurada de reforma legislativa para prevenir, atender, sancionar y erradicar las muertes violentas de mujeres y los femicidios, así como los demás tipos de violencia de género.
La Secretaría de la Mujer, como ente rector de las políticas para la igualdad de derechos en Honduras, impulsa la descentralización mediante nuevas sedes regionales en El Paraíso, Choluteca y Colón, los departamentos con mayor incidencia de femicidios.
Plan multisectorial
La estrategia incorpora la reglamentación de las casas refugios, la creación de la Ley de Alerta Morada y la expansión de centros de atención como Ciudad Mujer y los módulos de protección de derechos de la mujer.
“La comisión cuenta con un plan que han denominado ‘arquitectura de la protección’, la cual es una hoja de ruta a desarrollarse durante el periodo 2026-2030 para la erradicación del femicidio y que posteriormente podamos compartir, porque es un plan completo que esa Secretaría ha realizado para este abordaje”, indicó la legisladora.
El informe señala que en la actualidad existen una debilidad institucional y penas reducidas contra los feminicidas.
Además, los operadores de investigación no contratan personal desde hace casi una década, por lo que desde el Ministerio Público piden la aprobación de un presupuesto extraordinario y etiquetado para la contratación de fiscales, médicos forenses, psicólogos y agentes de investigación a nivel regional.
También plantea la necesidad de reformas al Código Penal que incorporen cambios sustantivos más allá del aumento de las penas, así como impulsar leyes pendientes como la de violencia política contra las mujeres y la del trabajo doméstico con el fin de garantizar derechos, prevenir la discriminación estructural y fortalecer la protección integral de las mujeres.
Recomendaciones puntuales
La comisión especial plantea una docena de recomendaciones puntuales para el pleno de diputados, como la aprobación de iniciativas de ley enfocadas a un presupuesto etiquetado para todas las instituciones como las unidades de investigación, entre ellas la Agencia de Investigación Criminal (Atic), y establecer fondos específicos para atender la prevención de la violencia contra la mujer, y actualizar las definiciones, penas y figuras en torno al femicidio.
Otra de las recomendaciones es crear el sistema de registro de monitoreo para agresores de mujeres, a fin de tener un antecedente fácil y para poder identificar a las personas reincidentes en este tipo de acciones.
En la elaboración del informe participaron organizaciones feministas e instituciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), la Secretaría de la Mujer y el Ministerio Público, entre otras.
