By La Corte del Distrito Sur de Florida volvió a reprogramar la audiencia de sentencia contra Francisco Roberto Cosenza Centeno, quien enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con corrupción, sobornos y lavado de activos vinculados al manejo de contratos financiados con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, conocida como el “Tasón”.
La audiencia, que originalmente estaba prevista para mayo, fue movida ahora para el próximo 22 de mayo de 2026 a las 2:00 de la tarde por decisión de la jueza federal Jacqueline Becerra. Según documentos judiciales, la reprogramación obedecería a conflictos de agenda dentro del tribunal federal, aunque el movimiento también llega acompañado de nuevas acciones impulsadas por fiscales estadounidenses.
Dentro del expediente, el Gobierno de Estados Unidos presentó una moción preliminar de decomiso de bienes contra el exfuncionario hondureño, ampliando así la presión judicial alrededor del caso. La orden emitida por la Corte establece además que cualquier nueva moción presentada por la Fiscalía deberá entregarse al menos 48 horas antes de la audiencia programada, mientras que las partes involucradas tendrán nuevos plazos para presentar objeciones y respuestas relacionadas con el informe previo a la sentencia.
Uno de los aspectos que más llama la atención dentro de la resolución judicial es la advertencia hecha directamente a Cosenza, a quien se le notificó que deberá estar preparado para entregarse de inmediato en caso de que el tribunal decida imponerle una pena de prisión al concluir la audiencia.
El caso también continúa avanzando contra Aldo Néstor Marchena, otro de los señalados dentro del proceso federal. La jueza solicitó a la Oficina Federal de Prisiones información detallada sobre el tiempo que Marchena ha permanecido bajo custodia y el posible crédito penitenciario que podría aplicarse en una eventual condena. Asimismo, pidió establecer la fecha exacta de su detención y cuánto tiempo ha permanecido encarcelado, mientras la Fiscalía, la defensa y la Oficina de Libertad Condicional deberán presentar respuestas antes del 20 de mayo.
Las investigaciones de las autoridades estadounidenses sostienen que entre 2015 y 2019 se habría construido un esquema de corrupción para favorecer a empresas proveedoras de uniformes y equipo policial mediante contratos financiados con fondos de la Tasa de Seguridad. Según la Fiscalía, empresarios y funcionarios habrían coordinado pagos ilegales a cambio de adjudicaciones millonarias que superaban los 10 millones de dólares.
Parte de esos fondos, de acuerdo con el expediente, habría sido movilizada a través de empresas fachada y cuentas bancarias en Belice y Estados Unidos para ocultar el origen del dinero. Dentro de ese esquema, fiscales estadounidenses señalan que Cosenza habría recibido alrededor de 188 mil dólares en sobornos relacionados con las contrataciones.
En el proceso también figura el hondureño Juan Ramón Molina Rodríguez, quien enfrenta acusaciones por conspiración para cometer lavado de activos y transacciones con recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.
La audiencia programada para el 22 de mayo podría convertirse en uno de los momentos más importantes dentro del caso judicial que persigue a Cosenza en Estados Unidos, mientras fiscales avanzan no solo hacia una posible condena, sino también hacia el decomiso de bienes vinculados a la supuesta red de corrupción.
