By El Congreso Nacional de Honduras ha iniciado un proceso de revisión de la decisión que redujo nuevamente a 15 días el plazo para el pago de la factura de energía eléctrica, luego de que finalizara el período de amnistía energética que había extendido el tiempo a 28 días. La Comisión de Energía del Legislativo ha convocado a autoridades de la CREE, la ENEE y la Secretaría de Energía para analizar el impacto financiero y social de la medida.
La reducción del plazo ha generado preocupación entre los usuarios, quienes durante la vigencia del beneficio contaban con mayor margen para organizar sus ingresos mensuales y cumplir con el pago del servicio. “Durante la amnistía se otorgaron 28 días para que los usuarios pudieran tener más espacio para pagar su factura energética”, explicó el diputado Eder Mejía, integrante de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, al detallar el objetivo de la reunión convocada para este martes.
El legislador sostuvo que el análisis no solo se centra en la situación del usuario, sino también en la estabilidad financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En ese sentido, señaló que es necesario escuchar los planteamientos técnicos de la Secretaría de Energía y de la ENEE para determinar si la empresa puede sostener el modelo actual sin afectar su flujo de caja ni incrementar la mora.
Mejía indicó que el Congreso no descarta ninguna alternativa legal para resolver la situación, incluyendo reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica o la emisión de un decreto especial que regule los plazos de facturación. “Vamos a escuchar la situación financiera que tiene la ENEE para buscar una salida, porque tenemos que ser conscientes y ver cómo ayudamos al usuario”, expresó.
Entre las propuestas en discusión destaca la posibilidad de implementar un esquema diferenciado, en el que los clientes residenciales mantengan el plazo de 28 días para el pago de la factura, mientras que los sectores comercial e industrial continúen bajo el régimen de 15 días. Según los legisladores, esta opción permitiría equilibrar la protección al consumidor con la sostenibilidad financiera de la estatal eléctrica.
El Congreso Nacional también busca que cualquier cambio en el sistema de cobro tenga respaldo jurídico claro, con el fin de evitar que las decisiones sean consideradas arbitrarias o sin sustento técnico. “El objetivo es darle un alivio al pueblo hondureño y al mismo tiempo garantizar la estabilidad del sistema eléctrico”, reiteró el diputado.
La discusión en el Poder Legislativo será clave para definir si se mantiene la normativa de 15 días o si se abre paso nuevamente a un período más amplio para el pago del servicio eléctrico, en medio de la presión ciudadana por aliviar la carga económica y las advertencias de la ENEE sobre su situación financiera.
