By La captura del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, representa uno de los golpes políticos más fuertes para el oficialismo en el departamento de Colón y revive años de controversias alrededor de una de las figuras más influyentes del Bajo Aguán. El exedil fue detenido este martes por el Ministerio Público y la Policía Nacional en el marco de las investigaciones por el asesinato del ambientalista Juan López, un crimen que generó condena nacional e internacional.
Fúnez, de 74 años, construyó durante más de dos décadas una sólida estructura política en Tocoa y en gran parte del departamento de Colón. Gobernó la alcaldía entre 2010 y 2026 y se convirtió en una figura clave dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre), especialmente por su cercanía con el expresidente Manuel Zelaya y el entorno político de la presidenta Xiomara Castro. Su influencia política también lo llevó a ser nombrado gobernador departamental de Colón durante la actual administración.
Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por constantes polémicas. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2009, cuando en plena crisis política del país pasó de apoyar la resistencia zelayista a respaldar públicamente la candidatura liberal de Elvin Santos. Años después regresó al movimiento liderado por Zelaya y recuperó protagonismo dentro de Libre, consolidándose nuevamente como uno de los hombres fuertes del partido en el litoral atlántico.
Además de su carrera política, Fúnez es conocido como empresario del transporte junto a su esposa, mediante la empresa Transportes Mirna, que opera rutas en el norte y Caribe hondureño. No obstante, su nombre también quedó ligado a investigaciones y controversias de alto perfil, incluyendo el denominado “narcovideo”, donde apareció junto al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, en una reunión con presuntos narcotraficantes relacionada con supuestos aportes económicos a campañas políticas de Libre en 2013.
Tras la difusión del video, Carlos Zelaya renunció a su cargo en el Poder Legislativo, mientras Fúnez negó haber recibido dinero o tener nexos con estructuras criminales. También rechazó públicamente cualquier vínculo con la organización de Los Cachiros y aseguró que desde 2017 no viajaba a Estados Unidos.
El asesinato de Juan López terminó profundizando la crisis política alrededor de Fúnez. El ambientalista, quien además era regidor municipal de Tocoa por Libre y defensor de los ríos Guapinol y San Pedro, había exigido días antes de su muerte la renuncia del entonces alcalde tras el escándalo del narcovideo. López denunciaba presuntas irregularidades, corrupción y conflictos relacionados con actividades extractivas en la zona.
La noche del 14 de septiembre de 2024, López fue asesinado a tiros tras salir de la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa. El crimen provocó indignación dentro y fuera del país, debido a su perfil como defensor ambiental y a las constantes denuncias sobre amenazas contra líderes comunitarios en el Bajo Aguán.
Después del asesinato, organizaciones ambientalistas, sectores sociales y líderes religiosos comenzaron a señalar públicamente a Fúnez como presunto autor intelectual del crimen. Entre las voces más fuertes destacó la del sacerdote Carlos Orellana, quien durante una homilía responsabilizó políticamente al entonces alcalde por la muerte del defensor ambiental. Fúnez rechazó los señalamientos y afirmó en reiteradas ocasiones que temía por su vida y la de su familia.
En medio del desgaste político, las presiones sociales y las investigaciones en curso, Fúnez decidió no buscar una nueva reelección en las elecciones de 2025, marcando el fin de una larga etapa de control político en Tocoa. Su captura ahora coloca nuevamente bajo la lupa las estructuras de poder en el Bajo Aguán y representa uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con crímenes contra defensores ambientales en Honduras.
El caso es seguido de cerca por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que consideran el asesinato de Juan López como un símbolo de la violencia y la impunidad que enfrentan quienes defienden el ambiente y los bienes naturales en el país. Mientras tanto, el Ministerio Público deberá presentar las pruebas que sustenten los señalamientos contra Fúnez y otros implicados, en un proceso que podría convertirse en un precedente histórico para la justicia hondureña.
