By La socióloga, analista nacional y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, publicó un amplio análisis sobre los primeros 100 días de gestión del presidente Nasry Asfura, en el que advierte que los principales problemas estructurales del país continúan presentes y que el nuevo gobierno enfrenta crecientes desafíos políticos, sociales y económicos.
En el documento, Castellanos realiza una evaluación del panorama nacional tras el retorno del bipartidismo al poder y sostiene que el país atraviesa una etapa de reacomodo político luego del desgaste sufrido por Libre durante los últimos cuatro años. Según expone, el Partido Nacional y el Partido Liberal concentran actualmente el mayor peso parlamentario y tienen la responsabilidad de impulsar reformas profundas o, por el contrario, repetir prácticas cuestionadas del pasado.
La analista también plantea dudas sobre la capacidad del nuevo gobierno para enfrentar los problemas históricos relacionados con corrupción e impunidad. En su escrito menciona investigaciones y denuncias que han marcado la administración pública en los últimos años y advierte que la ciudadanía espera señales claras de transparencia y fortalecimiento institucional.
Otro de los puntos abordados por Castellanos es el funcionamiento del Poder Ejecutivo. A criterio de la exrectora, la conformación del gabinete ha sido lenta y dispersa, situación que ha provocado retrasos en la toma de decisiones y dificultades en distintas áreas del gobierno. Incluso señaló que, a más de tres meses de administración, persisten reclamos de hondureños en el extranjero por la falta de personal consular en Estados Unidos.
En materia de salud, la académica considera que el gobierno perdió la oportunidad de mostrar resultados rápidos en el abastecimiento de medicamentos y la reducción de la mora quirúrgica. Además, cuestiona que continúen los conflictos con gremios médicos y de enfermería, así como la crisis administrativa dentro del sistema sanitario. Castellanos también calificó como “arriesgada” la decisión del presidente Asfura de asumir directamente la Secretaría de Salud, señalando que los problemas estructurales del sector siguen sin resolverse.
Respecto a la educación pública, la exrectora sostiene que el sistema educativo continúa rezagado y sin una reforma integral. Según expone en el análisis, persisten deficiencias en la calidad educativa y falta una estrategia de transformación profunda que permita mejorar el rendimiento académico y las condiciones del sistema público.
La seguridad figura entre las principales preocupaciones señaladas por Castellanos. En su documento afirma que las cifras de homicidios, masacres, extorsión, trata de personas y muertes violentas de mujeres reflejan un deterioro en el clima de seguridad del país. Asimismo, considera insuficiente atribuir el aumento de la criminalidad únicamente a un “reacomodo” de estructuras delictivas, ya que —según plantea— los ciclos de violencia continúan reproduciéndose.
En el ámbito internacional, Castellanos analizó los viajes realizados por el presidente Asfura y aseguró que, aunque la actual administración ha intentado fortalecer relaciones diplomáticas, aún no se observan resultados concretos en temas sensibles como el TPS y el DACA para los hondureños en Estados Unidos. También destacó como positivo el acercamiento diplomático con representantes de la Unión Europea y otros países acreditados en Honduras.
La analista además alertó sobre el impacto económico que podría generar el conflicto internacional entre Israel, Estados Unidos e Irán, especialmente por el aumento en los precios de los combustibles, la electricidad y el costo de vida. Aunque reconoció que el gobierno adoptó medidas de subsidio al transporte y combustibles, aseguró que estas acciones son insuficientes y difíciles de sostener a mediano plazo.
Castellanos también prevé un escenario de creciente conflictividad social y gremial. En el análisis menciona posibles protestas de sectores médicos, docentes, campesinos y organizaciones civiles, así como demandas relacionadas con derechos humanos, libertad de expresión y reformas políticas-electorales.
Finalmente, la exrectora hizo un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a mantener la vigilancia sobre las instituciones del Estado, incluyendo el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el sistema judicial. A su criterio, Honduras necesita avanzar en reformas estructurales y fortalecer el Estado de derecho para enfrentar los problemas históricos que continúan afectando al país.
