By Por: Ángela Sosa
¡Calabaza calabaza, cada quien para su casa!, y cada país según su contexto y realidad histórica y, en definitiva, el verdadero respeto a los derechos humanos no se mide en discursos, sino en resultados. Y esos resultados dependen, en gran medida, de algo tan básico como exigente: el cumplimiento de la ley. Porque cuando la ley se cumple, se protege al ciudadano, se fortalece el Estado y se construye una sociedad donde la dignidad no es un ideal, sino una realidad.
En los últimos años, el enfoque de seguridad y gobernanza impulsado por Nayib Bukele ha generado un intenso debate en América Latina y más allá. Para algunos, representa una ruptura con los paradigmas tradicionales de derechos humanos; para otros, una respuesta pragmática frente a contextos de criminalidad extrema. Sin embargo, más allá de posturas ideológicas, es necesario analizar este modelo desde una perspectiva objetiva: la relación entre el Estado de derecho, la garantía de derechos y el cumplimiento de la ley.
Durante décadas, el discurso de los derechos humanos en la región ha estado marcado por una tensión constante: ¿a quién se protege y hasta qué punto? Esta discusión, en muchos casos, ha derivado en retóricas estériles que fragmentan la comprensión del verdadero propósito de los derechos humanos. Se ha caído en el error de plantear una dicotomía innecesaria entre seguridad y derechos, como si garantizar uno implicara sacrificar el otro. Pero la realidad es más sencilla y exigente: el verdadero respeto a los derechos humanos radica en el cumplimiento de la ley.
Un Estado de derecho sano no se construye sobre interpretaciones selectivas de la norma, sino sobre su aplicación general, coherente y sin excepciones arbitrarias. La ley es el instrumento que organiza la convivencia social, establece límites y define responsabilidades. Por tanto, cuando se cumple, no solo ordena la sociedad, sino que protege los derechos de todos. Cuando no se cumple, se abre la puerta al caos, a la impunidad y, en consecuencia, a la vulneración sistemática de derechos, especialmente de los ciudadanos que sí respetan las normas.
El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de quienes cumplen con sus deberes dentro del marco legal. Esto no implica desconocer la universalidad de los derechos humanos, sino entender que su garantía efectiva depende de un sistema que funcione, que tenga capacidad de respuesta y que no esté capturado por la impunidad.
El ciudadano que respeta la ley no debería vivir en incertidumbre ni en desventaja frente a quien la viola. Sin embargo, en muchos contextos latinoamericanos, esta ha sido la realidad: comunidades enteras sometidas por estructuras criminales, instituciones debilitadas y un discurso que, en lugar de resolver, justifica o diluye responsabilidades. En ese escenario, hablar de derechos humanos sin hablar de cumplimiento de la ley es construir sobre una base frágil.
Por ello, resulta pertinente replantear el enfoque. No se trata de decidir “a quién sí” y “a quién no” se le deben proteger sus derechos, porque los derechos fundamentales son inherentes a toda persona. Se trata de reconocer que el Estado tiene el deber primario de garantizar condiciones de seguridad, orden y justicia que permitan el ejercicio real de esos derechos. Y eso solo es posible mediante instituciones fuertes, coherentes y comprometidas con la aplicación de la ley.
Cuando la ley se cumple, el debate se simplifica. No hay espacio para interpretaciones arbitrarias ni para privilegios indebidos. Hay reglas claras, incentivos para el comportamiento lícito y sanciones para quien decide delinquir. Este equilibrio es la esencia del Estado de derecho: un sistema donde todos conocen las normas y las consecuencias de sus actos.
En este contexto, la discusión sobre si se “defiende o no a los delincuentes” pierde sentido. El Estado no está llamado a sostener discursos, sino a actuar conforme a la ley. Aplicar la ley no es una postura ideológica, es una obligación institucional. Y en esa aplicación se encuentra la verdadera garantía de derechos: en la certeza jurídica, en la previsibilidad y en la igualdad ante la norma.
Finalmente, es importante comprender que los derechos humanos no son un obstáculo para la seguridad, ni la seguridad una excusa para vulnerar derechos. Ambos son componentes de un mismo sistema que debe funcionar de manera armónica. Pero esa armonía solo se alcanza cuando la ley se respeta y se hace respetar.
