La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática “llega a su fin”, marcando el cierre de una medida que permitió la liberación de cientos de personas procesadas por delitos vinculados a hechos políticos.
Rodríguez explicó que los casos que no fueron contemplados o que quedaron excluidos de la normativa podrán ser revisados a través de otros mecanismos, como el Programa de Convivencia Democrática y Paz y la nueva Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.
La ley, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, buscaba aliviar tensiones políticas tras años de conflicto, abarcando procesos desde 1999. Sin embargo, fue objeto de críticas por su alcance limitado y por dejar fuera a ciertos grupos, como militares y personas vinculadas a acciones armadas.
Tras la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro, el gobierno había anunciado la liberación de un número importante de detenidos como señal de reconciliación nacional, aunque organizaciones de derechos humanos señalaron que aún permanecen cientos de personas privadas de libertad.
El anuncio del fin de la ley abre ahora una nueva etapa en el tratamiento de estos casos, en medio de cuestionamientos sobre la seguridad jurídica y la efectividad de los mecanismos alternativos que propone el Ejecutivo para atender a quienes no fueron beneficiados por la amnistía.
